La Justicia ordenó al Gobierno de Milei reparar la Ruta 3 por riesgo de nuevos accidentes: hubo 11 siniestros en 6 meses
La Cámara Federal de Mar del Plata hizo lugar a una cautelar presentada por el Municipio de Azul y fijó un plazo de 120 días para ejecutar medidas de seguridad en el corredor.
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La Justicia Federal ordenó al Gobierno nacional implementar medidas urgentes para garantizar condiciones mínimas de seguridad en la Ruta Nacional N°3, en el tramo comprendido entre Azul y Cacharí, luego de advertir sobre el deterioro de la calzada y el riesgo concreto para quienes circulan por esa vía.
La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de Mar del Plata, que hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Municipalidad de Azul y revocó una resolución anterior del Juzgado Federal N°2 de esa ciudad, que había rechazado el planteo.
Los camaristas ordenaron al Estado Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, y a Corredores Viales S.A., avanzar con intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de circulación en el tramo señalado.
Once siniestros en seis meses
Entre los fundamentos del fallo, los jueces remarcaron que durante los últimos seis meses se registraron 11 siniestros viales en el sector de la Ruta 3 comprendido entre Azul y Cacharí.
Además, informes elaborados por la Policía Federal Argentina constataron la existencia de baches, hundimientos, huellas provocadas por el tránsito y falta de señalización en distintos sectores de la calzada.
Para la Cámara, estos elementos permiten acreditar la existencia de un riesgo actual y concreto para quienes utilizan la ruta, por lo que consideró necesaria la intervención judicial para prevenir nuevos daños.
Un plan de trabajo en diez días
El fallo establece que el Gobierno nacional deberá presentar ante el Juzgado Federal de Azul, dentro de los diez días hábiles desde la notificación, un plan detallado de trabajo.
El documento deberá incluir las prioridades de intervención, los responsables, un cronograma de ejecución y las medidas de contingencia previstas para el corredor.
Los magistrados fijaron además un plazo máximo de 120 días corridos para concretar las tareas, bajo control judicial y con la obligación de presentar informes mensuales sobre el avance de las obras.
Señalización, reducción de velocidad y reparaciones
La resolución también especificó algunas de las medidas que deberán implementarse para reducir el peligro mientras se realizan las obras definitivas.
Entre ellas se encuentran la colocación de señalización preventiva y carteles de advertencia, reducciones de velocidad, balizamiento y dispositivos destinados a mejorar la visibilidad durante la noche.
También se deberán ejecutar reparaciones provisorias y focalizadas en los sectores considerados de mayor peligrosidad.
Los camaristas remarcaron que la finalidad de la medida cautelar es neutralizar el riesgo antes de que se produzcan nuevos daños, sin esperar a que exista una certeza definitiva sobre las responsabilidades.
El argumento de la Justicia
Al fundamentar su decisión, la Cámara Federal de Mar del Plata recordó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual quienes tienen a su cargo servicios relacionados con la seguridad de las personas deben adoptar todas las medidas razonables para evitar riesgos previsibles.
En ese sentido, los jueces señalaron que la protección constitucional de la vida y la seguridad de los usuarios de las rutas justifica la intervención urgente ante la evidencia de un peligro concreto.
De esta manera, el Gobierno de Javier Milei quedó obligado por la Justicia a presentar un plan de intervención y ejecutar medidas de seguridad sobre uno de los principales corredores viales de la región, mientras se mantiene el control judicial sobre el cumplimiento de las tareas.
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