La Provincia firmó un convenio para la custodia y seguridad policial de edificios judiciales
El Ministerio de Seguridad y la Suprema Corte de Justicia sellaron un acuerdo que podrá extenderse a otros ámbitos.
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La Suprema Corte de Justicia (SCBA), a través de su presidenta Hilda Kogan, y el Ministerio de Seguridad (MS) de la provincia de Buenos Aires, por medio de su ministro Eduardo Javier Alonso, firmaron un Convenio de cooperación interinstitucional destinado a establecer de manera conjunta y coordinada las pautas para la asignación de personal policial para la custodia y seguridad en los edificios de la Administración de Justicia del Poder Judicial provincial.
Realizado en el Salón de Acuerdos de la SCBA el acto de firmas contó con la presencia del vicepresidente del Tribunal, Sergio Gabriel Torres, su ministro Decano, Daniel Fernando Soria; y el Jefe de la Policía provincial, Javier Carlos Villar.
Junto a ellos estuvieron presentes el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios provincial, Matías Rappazzo; el titular de la Unidad de Coordinación de Políticas de Seguridad del MS, Darío Ruiz; y los funcionarios de la SCBA Amós Grajales, Matías Álvarez y Néstor Trabucco.
Resultado de una Mesa Técnica de Trabajo con un año de labor conjunta encuadrada en la Resolución SC 3.585/24 de fines de noviembre de 2024, el acuerdo establece que el servicio mencionado en primer término podrá extenderse, en forma excepcional, a otros ámbitos cuando así lo dispusiera un magistrado por razones vinculadas a la seguridad de la actividad judicial, tal el caso de audiencias de debate o producción de prueba en lugares distintos a la sede del órgano jurisdiccional.
Para la implementación del convenio, la SCBA se compromete a concentrar los requerimientos de personal policial necesarios para la cobertura del servicio de custodia y seguridad y a transmitirlos al MS por los canales que se establezcan en los protocolos que se definan al efecto. Por su parte, el MS tendrá a su cargo evaluar en cada caso los motivos del pedido y la modalidad de la prestación, conforme los criterios técnicos y operativos que considere pertinentes para garantizar la adecuada prestación del servicio.
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