Mar del Plata: Desbaratan banda que se quedó con 2 de cada 3 remates judiciales durante 5 años
Se trata de las conocidas como "La Liga", organizaciones que participan de remates judiciales utilizando métodos coercitivos. De 510 remates obtuvieron 324 con diferencias que arrojan cifras millonarias en pesos y dólares. Entre las prácticas habituales estaban declarar subastas desiertas, pagar comisiones o, directamente, amenzar e intimidar a competidores. Hay cuatro detenidos y ramificaciones integradas por inversores y grupos de presión. Quiénes son y cómo se movían serán detalles a desentramar.
Tras una intensa investigación la Justicia logró establecer cómo operaba una banda que se dedicaba a intervenir en remates judiciales para hacerse con los bienes inmuebles a precios inferiores y que obtuvo una diferencia de 100 millones de pesos y 150 mil dólares en cinco años.
Según consta en los expedientes de las causas que tramitan en la UFI 5 de Mar del Plata, participaron de 510 remates y “ganaron” 324 subastas. Hay cuatro detenidos y una investigación que desnuda el modo en que se manejan agentes que lavan activos y que en cada rincón del país son conocidos como "La Liga".
"Asociación ilícita" y "lavado de activos" son los delitos cabecera de una megacausa en la que se investiga el grado de participación de una larga lista de acusados de integrar esta organización en la que la Justicia apunta como "jefes" a Oscar Alberto Larluz, Luis Puga y Héctor Monteros, de acuerdo a lo que se desprende de las investigaciones penales preparatorias (IPP) 08-00-019764-17 y 08-00-027027-17.
Por sólo citar la labor de un estudio jurídico y a su titular, José Luis Gallo: Fiscalía estableció que sus "éxitos" como comprador, ya sea por sí mismo o por sus vínculos, quedaron en evidencia en 158 de 163 oportunidades en la que participó de subastas.
La investigación sostiene que desde sus oficinas se gestaban luego generosas ofertas a clientes que encontraban la vía de hacerse de activos que patrimonialmente significaban una buena fachada para "blanquear" dinero cuya procedencia tendrá que determinar la propia Justicia, si es que se decide ir hasta los beneficiarios finales de esas actividades.
Por debajo de quien estaba a cargo de este andamiaje jurídico ya hay nombradas al menos 13 personas como "inversores" y ocho bajo el rubro "mano de obra", que eran los encargados de presionar a vendedores y oferentes para que no obstruyeran las maniobras de "La Liga".
Según trasciende en la investigación, tanto habría defraudado a sus propios clientes avisando a "La Liga" sobre los próximos remates como desde el otro lado del mostrador "comprando" algunos bienes muebles o inmuebles que luego ofrecía de manera directa.
Para determinar lo sucedido los agentes del Ministerio Público Fiscal contaron con testimonios valiosos entre los que se encuentran martilleros, garantes y hasta integrandes del Colegio de Abogados.
Investigación en curso
La hipótesis que sigue la investigación de la Fiscalía General marplatense a la que tuvo acceso LaNoticia1.com es que la banda “utilizó asidua y mecánicamente métodos ilegales o ilícitos con el fin último de hacerse en remate del total o parte de bienes inmuebles y muebles subastados a valores muy inferiores a los que una puja libre hubiera determinado”.
Tras “ganar” dichas subastas, se dedicaban a “hacer negocios con los mismos y sacar importantes comisiones o bien ostensibles diferencias económicas en posteriores transacciones que en definitiva habrían escapado a los controles impositivos del Estado”, según detalla el informe de la causa.
Los aspectos relacionados con las consecuencias de la evasión impositiva y el cálculo de las diferencias por no haber tributado las obligaciones serán calculadas si la investigación sigue prosperando en medio de las tensiones que generan las intervenciones de estudios de abogados vinculados a la elaboración de estrategias que utilizaba la organización.
Los ílicitos que se le imputan a La Liga
Además de la carátula de "lavado de activos" la causa incluye "fraude al patrimonio de acreedores y deudores", al que se le suma "quebrando de las arcas públcias nacionales y provinciales" y "entorpecimiento al normal desarrollo de la admnistración de la Justicia civil y comercial".
Hay un apartado especial para la "afectación a la libertad, la integridad moral y física de terceros", ni más ni menos que las "prácticas" que se conocen como "aprietes", amenazas y hasta golpizas fuera o cerca de los lugares de subasta con los que estas organizaciones cuentan para evitar que se presenten oferentes.
Dos de cada tres remates judiciales eran “ganados” por la banda
Según la investigación, entre el 1 de enero de 2013 y el 3 de octubre de 2018, en 2 de cada 3 remates judiciales se imponía la oferta de alguno de los integrantes de "La Liga". Resultaron ganadores de 324 subastas sobre 510, es decir, un 63,53 por ciento de todas las anunciadas por el sistema judicial.
La mayoría producto de concursos de acreedores, quiebras o bienes secuestrados en ilícitos que luego se transforman en el mercado y que a valor real resultan incalculabes. Basta conocer territorios donde fábricas, empresas o activos son subastados con sumas de base irrisoria y que tiempo después aparecen con cartelería de brokers inmobiliarios o se reservan con fines especulativos
Hay un ejemplo en el expediente que ilustra el cálculo de impuestos liquidados con la cotización de dólar tomada en 2018, cuando su precio era inferior a los 60 pesos. El monto de ese resultado ascendía a u$s 10.431.028 = $ 610.215.138 (Dólar al 18/09/2019, $58,50).
Modos de actuación
Los expedientes que revelan las maniobras que utilizaban los estafadores para lograr sus objetivos detallan: pagos de comisiones, métodos para que se declaren desiertas subastas y obtener precios “convenientes”, ofertas “ridículas y exorbitantes” para que otros no resulten ganadores o directamente amenazas e intimidaciones ante competidores.
Además de los cuatro detenidos hay 25 órdenes de registro domiciliario que por vigencia de la pandemia de COVID-19 deberán realizarse bajo estrictos protocolos.
Entre los elementos a secuestrar figuran: documentación como boletos de compra venta de bienes inmuebles y muebles; cesiones de derechos; contradocumentos; pagarés; contratos de corretaje; escrituras públicas; poderes.
También comprobantes de pago de servicios e impuestos de inmuebles, registros con anotaciones vinculados a la compra de inmuebles o muebles, a personas y a sumas de dinero; agendas; libros societarios, teléfonos celulares; computadoras personales y de escritorio, pendrives y dinero en efectivo.
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