Mesa de Enlace denuncia presiones de la Afip
Los ruralistas repudiaron "las intimaciones de las que son víctimas los productores agropecuarios en distintas regiones del país, en una actitud claramente persecutoria". Para la entidad, se utilizan "los organismos del Estado Nacional para intentar amedrentar a aquellos sectores que expresan libremente sus disidencias en el marco de la democracia".
La Mesa de Enlace repudió "las intimaciones de las que son víctimas los productores agropecuarios en distintas regiones del país, en una actitud claramente persecutoria y de afán recaudatorio en momentos en que todavía no ha comenzado la cosecha de soja".
"El gobierno nacional continúa empecinado en atacar a uno de los sectores más pujantes de la Argentina, negando su verdadero potencial y viéndolo como una mera fuente de recursos financieros".
"Nuevamente, se utilizan los organismos del Estado Nacional para intentar amedrentar a aquellos sectores que expresan libremente sus disidencias en el marco de la democracia. Por supuesto estamos de acuerdo con el control fiscal, pero la amenaza, la persecución e infundar miedo, son cosas muy distintas".
"Los inspectores de la AFIP no están autorizados a ingresar a los campos, salvo orden de allanamiento. La potestad del ingreso era una facultad de la disuelta ONCCA que no fue transferido a la AFIP".
"El productor puede ser notificado, pero tendrá un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación para contestar dicho requerimiento".
"La CEEA reafirma la libertad de los productores para vender el fruto de su esfuerzo en el momento en que crean conveniente sin presiones ni intimidaciones de ningún tipo. Los productores no deben dejarse intimidar, deben resguardar sus derechos y la libertad que poseen", añadió.
"Estas acciones son una clara provocación para los miles de productores que viven y trabajan en el interior del país y que aportan al desarrollo de la Argentina. Y que a la vez deben soportar la injusta amenaza por parte de un organismo estatal cuando el gobierno ha desoído sistemáticamente todos los pedidos de audiencia solicitadas por las entidades representativas del sector agropecuario".
