Moreno: identificaron a alumnos por amenazas en escuelas y buscan embargar a sus padres por los costos de los operativos
Tras un pico de 70 denuncias en un solo día, la Justicia avanzó con allanamientos, secuestro de armas y la identificación de menores. Ahora evalúan que las familias afronten los gastos que generaron las amenazas.
La Justicia avanzó contra alumnos que realizaron amenazas de tiroteos en escuelas de Moreno y ahora busca que sus padres respondan económicamente por los costos generados, tras una investigación que incluyó allanamientos, secuestro de armas y la identificación de menores.
El caso se disparó luego de un pico de 70 denuncias en un solo día en el distrito judicial que también abarca a General Rodríguez, lo que encendió la alarma en la comunidad educativa.
La fiscal de Responsabilidad Juvenil Alejandra Piqué, titular de la UFI N°6, en coordinación con Érica Chiessi y Solange Castelli de la UFI N°7, solicitó embargos sobre los bienes de los padres de los alumnos involucrados.
La investigación permitió identificar a siete menores, entre ellos dos de 16 años punibles, lo que derivó en siete allanamientos realizados por la DDI. En algunos procedimientos, los agentes secuestraron armas que habrían sido exhibidas en redes sociales como parte de las amenazas, además de celulares, computadoras, tablets y consolas.
Los adolescentes fueron notificados por el delito de intimidación pública y citados a indagatoria. “Tienen que venir con sus padres”, indicó una fuente del caso citada por ElComercioOnline.
El eventual embargo deberá ser definido por la jueza de Garantías del Joven Mirta Guarino, mientras que el monto del daño será determinado por la Fiscalía de Estado bonaerense, teniendo en cuenta los costos de los operativos policiales y las investigaciones.
Desde la investigación remarcaron que no se suspendieron clases, aunque sí se evaluarán los gastos generados por los procedimientos y la adaptación de protocolos de seguridad.
Las amenazas, en muchos casos, aparecieron como pintadas en baños escolares con mensajes como “mañana tiroteo”, lo que generó temor entre alumnos y docentes.
El avance judicial se enmarca en una tendencia más amplia: provincias y municipios buscan trasladar a las familias los costos de este tipo de hechos. En Santa Fe, por ejemplo, estiman que cada operativo puede costar entre $5 y $6 millones.
A nivel legal, el artículo 1754 del Código Civil y Comercial establece que “los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos”, lo que habilita este tipo de medidas.
Casos similares ya se registraron en otras jurisdicciones: en Mar del Plata, la Justicia dispuso que las familias de alumnos involucrados en amenazas también deberán afrontar los gastos derivados de los operativos.
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