"El proyecto tiene como objetivo concentrar y sistematizar en un registro, los datos vinculados a la persona violenta, a la vez que podrá ser utilizado como una herramienta clave para brindar información precisa y de forma expedita a quienes deben desarrollar y ejecutar una política integral, a fin de abordar definitivamente este flagelo que afecta a miles de familias", informó Mónica López. 

Las instituciones y organismos públicos de la provincia no podrán otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios/as a quienes se encuentren incluidos en el Registro.

Actualmente existen diferentes registros pero no existe un listado único que funcione como soporte para la Justicia a la hora de chequear la información relacionada a la conducta del agresor. 

"Es necesaria una legislación que asegure el acatamiento de la medida solicitada en torno a la conducta reprochable", manifestó.

"La violencia familiar es uno de los graves problemas que afrontamos como sociedad, y se ha vuelto evidente e innegable que se multiplicaron las denuncias y los testimonios de las víctimas", sostuvo la Legisladora.