Pese a las críticas de arquitectos y técnicos, aprobaron las viviendas hechas con contenedores en Mar del Plata
La normativa fija requisitos de construcción, seguridad y habitabilidad. Los colegios profesionales, habían pedido al Ejecutivo que vetara la iniciativa y la devolviera al Concejo Deliberante para su revisión.
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El Ejecutivo Municipal de General Pueyrredon promulgó la ordenanza que regula la utilización de contenedores marítimos reutilizados para construir viviendas, oficinas y otros espacios habitacionales o comerciales. De esta manera, la norma entró en vigencia pese a las objeciones del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Técnicos, que habían reclamado su revisión integral.
Según informó el medio local La Capital, la regulación establece condiciones para la instalación de estas estructuras, que deberán cumplir con requisitos específicos de seguridad, estabilidad y habitabilidad, además de respetar las disposiciones urbanísticas vigentes en el distrito.
Qué establece la ordenanza para construir con contenedores
La normativa considera al contenedor como un bien inmueble cuando se encuentra anclado de manera permanente al terreno y requiere servicios esenciales, como agua, electricidad, gas y cloacas.
Para su instalación será necesario obtener un permiso específico de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano. Los proyectos deberán ajustarse al Reglamento General de Construcciones y al Código de Ordenamiento Territorial.
La principal excepción contempla los anchos mínimos previstos por la normativa local, debido a que los módulos utilizados habitualmente tienen un ancho interior estándar de 2,35 metros. Este punto fue uno de los aspectos cuestionados por los colegios profesionales.
En cuanto a la ubicación, las construcciones deberán respetar las disposiciones sobre zonificación y urbanización correspondientes a cada sector del partido de General Pueyrredon.
La ordenanza también exige que los contenedores estén correctamente anclados para garantizar su estabilidad y seguridad. Para ello, podrán utilizarse plateas, pilotes de hormigón armado u otros sistemas equivalentes que aseguren el sostenimiento de la estructura.
Además, los proyectos deberán presentar una memoria técnico-descriptiva firmada por un profesional responsable, junto con los planos y la documentación gráfica exigida. La presentación deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y habitabilidad.
Los colegios profesionales habían pedido que la norma fuera revisada
A comienzos de septiembre, Diego Domingorena, titular del Colegio de Arquitectos, y Diego Haag, representante del Colegio de Técnicos, solicitaron al Ejecutivo municipal que ejerciera su facultad de veto y devolviera la ordenanza al Concejo Deliberante para su revisión y reformulación integral.
Los referentes sostuvieron que las entidades profesionales no fueron convocadas para participar del tratamiento de la iniciativa ni consultadas sobre sus aspectos técnicos. También señalaron que la regulación introduce modificaciones vinculadas con el Reglamento General de Construcciones y el Código de Ordenamiento Territorial, además de establecer nuevas responsabilidades para arquitectos, ingenieros y técnicos.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la excepción a los anchos mínimos de habitabilidad. Según explicaron, la norma toma como referencia las dimensiones nominales de los contenedores, sin contemplar adecuadamente el espacio que se pierde por la incorporación de aislaciones y terminaciones.
De acuerdo con los colegios, estos elementos reducen la superficie interior disponible y podrían afectar el cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad.
Advirtieron sobre posibles riesgos por el uso anterior de los contenedores
Otro de los puntos señalados fue la falta de un sistema de trazabilidad que permita conocer el origen, la antigüedad, el historial de cargas y el estado de conservación de las estructuras antes de utilizarlas en construcciones destinadas a la permanencia de personas.
Los profesionales advirtieron que algunos contenedores pudieron haber transportado sustancias peligrosas, tóxicas o corrosivas, hidrocarburos y productos químicos. También alertaron sobre la posibilidad de que los pisos de madera hayan recibido tratamientos químicos durante su vida útil.
En ese sentido, plantearon la necesidad de contar con mecanismos que permitan verificar las condiciones de los módulos antes de incorporarlos a proyectos habitacionales o comerciales.
Por último, los colegios cuestionaron que la ordenanza no defina con suficiente precisión las incumbencias profesionales, los requisitos de matriculación y el alcance de la responsabilidad del técnico o profesional a cargo de la obra.
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