Prisión preventiva para los acusados por abusos sexuales en el Senado bonaerense, líderes de la secta “Orden de la Luz”
Se trata de Nicolás Rodríguez y Daniela Muñoz, ambos empleados de planta permanente, quienes ya se encuentran detenidos desde el 29 de diciembre. La investigación avanza sobre la posible responsabilidad de otros niveles dentro de la Cámara Alta.
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La Justicia penal de La Plata dictó la prisión preventiva para los dos trabajadores del Senado bonaerense acusados de abuso sexual con acceso carnal contra al menos cuatro mujeres.
La medida fue adoptada por el juez de Garantías Juan Pablo Massi, quien hizo lugar al pedido de la fiscal Betina Lacki y resolvió que los imputados continúen detenidos mientras avanza una investigación que salpica a la Legislatura provincial y abre interrogantes sobre posibles mecanismos de encubrimiento dentro de la Cámara alta.
La resolución alcanza a Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados de planta permanente del Senado bonaerense, que permanecen privados de la libertad desde el 29 de diciembre del año pasado. Según sostuvo la fiscalía, la gravedad de los hechos imputados y el riesgo procesal existente justifican la continuidad de la detención.
De acuerdo con el dictamen judicial, en las últimas semanas la fiscalía amplió la imputación contra la pareja tras la declaración de dos nuevas víctimas, cuyos testimonios se sumaron a denuncias previas. A partir de estos nuevos elementos, los investigadores consideran que Rodríguez y Silva Muñoz habrían encabezado una estructura con características sectarias que operaba dentro del ámbito del Senado bonaerense.
La causa sostiene que los abusos no se habrían limitado a encuentros en ámbitos privados, sino que algunos episodios también habrían ocurrido en despachos del propio Senado. Esta situación llevó a la fiscalía a analizar la posible existencia de una red de encubrimiento o tolerancia por parte de funcionarios de mayor jerarquía, una línea de investigación que, si bien se encuentra en etapa preliminar, incrementa la tensión institucional en torno al caso.
En su resolución, la Justicia describió un mecanismo de captación basado en el engaño y en una supuesta figura de “guía espiritual” con rasgos mesiánicos. Según la acusación, las víctimas eran sometidas a vejaciones físicas y sexuales tras un proceso de manipulación psicológica. En ese contexto, la fiscal Lacki destacó que las pruebas obtenidas de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos secuestrados resultaron determinantes para sostener la ampliación de la acusación y la prisión preventiva.
El rol de Silva Muñoz fue especialmente subrayado por la fiscalía, ya que, lejos de cumplir una función de protección, habría participado activamente en la captación y el acercamiento de las víctimas al entramado de abusos, lo que refuerza la hipótesis de una acción coordinada y sistemática, y no de hechos aislados.
Actualmente, el expediente reconoce formalmente a cuatro mujeres damnificadas, dos vinculadas a una causa iniciada en 2019 y otras dos incorporadas a lo largo de 2025. Sin embargo, los investigadores no descartan que el número real de víctimas sea mayor. Los hechos fueron encuadrados como abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño en la salud mental de las víctimas, además de privación ilegal de la libertad y violación de domicilio.
Los testimonios recolectados hasta el momento coinciden en describir la existencia de rituales de castigo físico, como laceraciones y caminatas sobre fuego, prácticas que, según relataron las denunciantes, tenían como objetivo anular su voluntad y someterlas psicológicamente. En paralelo, la investigación avanza sobre la posible responsabilidad de otros niveles del Senado bonaerense.
Según las denuncias incorporadas a la causa, Rodríguez y Silva Muñoz se presentaban como líderes de una organización denominada “Orden de la Luz”, con rasgos sectarios y una combinación de elementos místicos, religiosos y políticos. De acuerdo a los testimonios, Rodríguez se atribuía un poder absoluto bajo la figura de un supuesto “Dios Kiei”, mientras que Silva Muñoz cumplía el rol de guía espiritual y adoctrinadora.
El origen del caso se remonta a 2015, cuando una joven de 18 años denunció haber sido contactada por Rodríguez en ámbitos académicos y políticos bajo la promesa de una pasantía en la Legislatura. Al año siguiente, otra joven de la misma edad relató haber sido citada a un departamento en La Plata, donde aseguró haber sido abusada bajo amenazas con armas blancas, hechos que, según la investigación, marcaron el inicio de una dinámica reiterada y sistemática que hoy tiene a ambos acusados con prisión preventiva.
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