Qué gremios marchan al Congreso contra la Ley de Propiedad Privada pese al retiro del capítulo de tierras

La CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), ATE y distintas organizaciones sindicales, sociales y ambientales marchan este jueves al Congreso contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que debate el Senado de la Nación.

La movilización se mantiene pese a que el Gobierno nacional retiró del texto el capítulo vinculado a la Ley de Tierras Rurales, luego de no conseguir los apoyos necesarios para avanzar con esa modificación.

Las centrales obreras sostienen que el rechazo no se limita al apartado eliminado y cuestionan otros puntos de la iniciativa, como los cambios en materia de desalojos, expropiaciones, manejo del fuego y el rol del Estado sobre los recursos naturales.

La concentración está prevista desde el mediodía en las inmediaciones del Congreso, en una jornada marcada por el tratamiento del proyecto impulsado por el presidente Javier Milei.

Entre las organizaciones que confirmaron su participación se encuentran:

• CGT.
• CTA Autónoma.
• CTA de los Trabajadores.
• Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
• UTEP.
• Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN).
• Federación de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).
• Organizaciones sociales, ambientales y agrupaciones autoconvocadas.

Qué cuestionan los gremios

Durante una conferencia de prensa, dirigentes sindicales ratificaron la convocatoria y remarcaron que la discusión excede el capítulo de tierras que fue retirado por el oficialismo.

El secretario general de la CGT, Jorge Sola, sostuvo que el debate pasa por “qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social y al servicio de qué proyecto de país”.

Por su parte, el titular de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, cuestionó la iniciativa y afirmó que la tierra involucra recursos estratégicos como el agua dulce, las zonas de frontera y la generación de empleo.

Desde ATE, además, advirtieron que el proyecto puede afectar políticas vinculadas a los recursos naturales, la legislación ambiental y el derecho a la vivienda.