Quilmes: Finalmente comenzó el juicio al ex intendente Geronés
Está acusado, junto a otros ex funcionarios, de hacer contrataciones a "empresas fantasmas". Se había suspendido hace una semana porque faltó una de las acusadas. La defensa pide la prescripción de la causa.
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Este mediodía se desarrolló la primera jornada del debate por presunta violación de los deberes de funcionario público en concurso por defraudación al Estado en contra del ex intendente radical durante diciembre de 2000 y el mismo mes de 2001.
El inicio estaba previsto para la semana pasada pero una de las acusadas, junto a su abogado, no se presentaron y se postergó.
En diálogo con Perspectiva Sur, Geronés señaló: "Acá lo grave es que hayan pasado 15 años y todavía estemos esperando que comience este juicio. Espero que de una vez por todas se aclare esto, que el Tribunal de Cuentas dijo que estaba bien hecho, y que la Justicia lo ratifique".
El fiscal de la causa, Claudio Pelayo, expuso ante el Tribunal conformado por Alejandra Calaza, Alberto Ojeda y Mario Caputto, los lineamientos de la acusación que consta en la compra de suministros por contrataciones "de manera contraria a lo previsto por la legislación Provincial".
Los elementos que mencionó como prueba son un total de 25 casos de contratación directa de maquinaria de limpieza de calles y cloacas; equipos desobstructores de zanjas, desagües y de calles de tierra; varias miles de horas de alquiler de máquinas viales; kilos de tosca para bacheo y material de construcción para reparaciones de calles; entre otras.
Estos gastos habrían sido adjudicados de manera directa a las empresas Sisa y Masterpack, que, según el fiscal, habían sido montadas para estás transacciones y no presentaban actividad previa.
Los abogados de las partes acusadas unificaron el pedido de prescripción de la causa para ser tratada previamente al inicio del debate.
Además de Geronés, estuvieron sentados en el banquillo los ex funcionarios Carlos Coloma (por entonces secretario de Hacienda), Ruth Kuster (asesora letrada), Juan Carlos Clérico (Obras Públicas), Alejandro Abelenda (jefe de Compras) y la empresaria Norma Borda, a quienes se los imputó como co-autores.
