Ruta 3: La Justicia ordenó al gobierno nacional que se haga cargo de las reparaciones en uno de sus tramos
Así lo resolvió la Cámara de Mar del Plata . La medida fue impulsada por la municipalidad de Azul. Se ordenó al Estado nacional y a Corredores Viales SA que tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad en el tramo entre Azul y Cacharí.
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La Cámara Federal de Mar del Plata ordenó al Gobierno de Javier Milei hacerse cargo de la reparación de un tramo de la Ruta Nacional 3, entre las localidades de Azul y Cacharí, tras hacer lugar a una medida cautelar que denunciaba el grave estado de la calzada.
Con esta decisión, el tribunal revocó un fallo previo que había rechazado el reclamo y volvió a dejar expuesto el impacto del ajuste que viene realizando la administración libertaria en las rutas nacionales.
La medida fue impulsada por la Municipalidad de Azul y había sido inicialmente rechazada por el Juzgado Federal N° 2 del distrito. Sin embargo, la Cámara Federal marplatense revirtió esa decisión al considerar que existían elementos suficientes para acreditar un riesgo concreto para quienes circulan por ese corredor.
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Entre los antecedentes que tuvieron en cuenta los camaristas se destaca el registro de once siniestros viales en los últimos seis meses en ese tramo. A eso se sumaron informes de la Policía Federal Argentina que constataron baches, hundimientos y huellas provocadas por el tránsito pesado, además de deficiencias en la señalización.
Los jueces aclararon que, en esta instancia, no se discute quién es el responsable final del mantenimiento de la ruta, sino la necesidad de evitar que sigan ocurriendo accidentes mientras avanza el trámite de fondo del amparo. La resolución obliga a la Dirección Nacional de Vialidad y a Corredores Viales S.A. a adoptar una serie de acciones inmediatas.
Entre ellas figuran la colocación de señalización preventiva y carteles de advertencia, la instalación de elementos de balizamiento, dispositivos para mejorar la visibilidad nocturna y la implementación de reducciones de velocidad.
También se dispuso la posibilidad de establecer desvíos o restricciones parciales al tránsito y la realización de reparaciones provisorias en los sectores más peligrosos.
Ambos organismos deberán presentar, en un plazo de diez días hábiles, un plan de trabajo detallado ante el Juzgado Federal de Azul, que incluya cronograma de ejecución, prioridades de intervención, responsables de las tareas y medidas de contingencia.
El fallo estableció un plazo máximo de 120 días corridos para completar las obras, contados desde la notificación de la resolución. Durante ese período, el avance de los trabajos quedará bajo seguimiento judicial, con la obligación de presentar informes mensuales.
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