Ya rige la baja de la punibilidad a 14 años: “No hay personal, espacios ni presupuesto”, advierten en Bahía Blanca
El nuevo Régimen Penal Juvenil amplía el universo de adolescentes alcanzados por la Justicia y genera preocupación por la capacidad de respuesta del sistema.
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Entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801, que baja de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede ser sometido a un proceso penal.
La normativa fue aprobada por el Congreso en febrero y comenzó a regir 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial. El cambio alcanza a todo el país y, según un relevamiento publicado por el medio bahiense La Nueva, genera especial preocupación en el Departamento Judicial Bahía Blanca por la falta de recursos para afrontar la nueva demanda.
Hasta ahora, el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil intervenía en causas contra jóvenes de entre 16 y 18 años. Con la nueva legislación, también podrán iniciarse actuaciones contra adolescentes de 14 y 15 años.
Pero la modificación no se limita a la edad. También se amplía el abanico de delitos que pueden generar responsabilidad penal, ya que anteriormente los hechos con penas inferiores a dos años de prisión quedaban fuera del régimen.
De esta manera, situaciones como hurtos, amenazas, lesiones o violaciones de domicilio cometidas por adolescentes de 14 a 18 años podrán dar lugar a actuaciones judiciales.
La detención, sin embargo, quedará reservada para los casos más graves, mientras que para el resto se contemplan medidas alternativas. En todos los casos deberán realizarse actuaciones, audiencias y controles sobre los jóvenes imputados.
Un sistema que comienza sin nuevos recursos
Uno de los principales interrogantes está relacionado con la capacidad de las estructuras existentes para absorber el impacto de la reforma.
Según pudo reconstruir La Nueva a partir de consultas a operadores judiciales, no se incorporaron nuevos recursos humanos, partidas presupuestarias ni espacios físicos para implementar el régimen.
“No hay absolutamente nada nuevo: ni personal, ni mayores partidas presupuestarias ni nuevos espacios”, reconoció una fuente vinculada al sistema.
La situación resulta particularmente delicada en Bahía Blanca, donde no existen nuevos sitios de contención o detención para adolescentes en conflicto con la ley penal.
Actualmente funciona el Centro de Recepción ubicado en el predio del ex Instituto Vergara. El establecimiento cuenta con tres celdas y una capacidad total de seis personas, aunque una de las plazas se encuentra clausurada.
Además, las cuatro plazas disponibles están ocupadas por jóvenes que, según una fuente judicial citada por La Nueva, ni siquiera pertenecen al Departamento Judicial Bahía Blanca, sino que fueron trasladados desde otras jurisdicciones debido a la falta de espacio.
Advierten por un posible aumento de causas
Agustín Saulnier, defensor público ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, ya había anticipado que el impacto de la reforma podría ser fuerte y que las causas podrían llegar a duplicarse.
La preocupación no pasa únicamente por la cantidad de expedientes. Cada caso implica intervenciones de fiscales, defensores, jueces, equipos técnicos y organismos encargados del seguimiento de los adolescentes.
A esto se suma que la autoridad de aplicación prevista por el artículo 50 de la ley todavía no fue designada por el Poder Ejecutivo.
La capacitación de quienes deberán implementar el nuevo sistema tampoco estuvo acompañada, hasta el momento, por un programa integral de alcance provincial.
La jueza Natalia Giombi reconoció que fueron los propios operadores quienes impulsaron conversatorios, debates y talleres para analizar la nueva legislación.
“No han sido suficientes las capacitaciones. O por lo menos falta protocolo de funcionamiento y aplicación en la provincia”, señaló.
La Policía tampoco recibió un protocolo específico
Otro de los puntos que genera preocupación es el rol de la Policía, que será uno de los primeros organismos en intervenir frente a un adolescente acusado de cometer un delito.
Los efectivos no recibieron una notificación ni un esquema específico de procedimiento para actuar bajo el nuevo régimen.
“Si bien esta reforma es más judicial que policial, no tuvimos ni llamados desde la fiscalía de Menores ni de ningún otro área del fuero”, reconoció una autoridad departamental.
En paralelo, la Justicia Federal de La Plata tiene pendiente de resolución un planteo de inconstitucionalidad contra la Ley 27.801, presentado por defensores del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
La presentación fue acompañada por otras 13 defensorías provinciales y organismos de Derechos Humanos. También solicitaron una medida cautelar para suspender la aplicación de la normativa ante la falta de condiciones necesarias para ponerla en funcionamiento.
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