05/03/2021 09:38 Hs.
Alberto Fernández derogó el decreto de Macri que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes

En 2017 la gestión de Mauricio Macri lanzó un decreto para negar el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y expulsar a los inmigrantes que cometieran delitos en el país con mayor velocidad. La medida, por la que se expulsaron a 3000 extranjeros entre 2016 y 2019, había sido dispuesta a raíz del importante incremento de extranjeros en las cárceles.  Este viernes el Gobierno de Alberto Fernández derogó el decreto argumentando "razones humanitarias". 

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El Gobierno nacional derogó este viernes el decreto de la gestión de Mauricio Macri a través del que se había modificado la Ley de Migraciones para establecer mayores controles al ingreso de extranjeros con antecedentes penales y agilizar el trámite de expulsión de los inmigrantes que cometan delitos en la Argentina. La norma se hizo efectiva a través de la resolución 138/2021 firmada por el presidente Alberto Fernández y sus ministros.

En enero de 2017, la gestión de Mauricio Macri creó un "procedimiento migratorio especial sumarísimo" que tenía como objetivo negar el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y expulsar a los inmigrantes que cometieran delitos en el país con mayor velocidad. La medida, por la que se expulsaron a 3000 extranjeros entre 2016 y 2019, había sido dispuesta a raíz del importante incremento de extranjeros en las cárceles. 

Tras el arribo del gobierno de Alberto Fernández, el Centro de Estudios Legales y Sociales; Amnistía Internacional y otras organizaciones le solicitaron al Presidente derogar la medida. Finalmente este viernes el Gobierno derogó el Decreto 70/2017. El presidente y todos los ministros del Gabinete Nacional firmaron el Decreto de Migraciones 138/2021 que elimina el endurecimiento de los controles fijados durante el macrismo.

Desde la gestión de Alberto Fernández señalaron que la medida se debe a "razones humanitarias". Emn ese sentido, el Gobierno explicó que el DNU de Macri modificó "aspectos sustanciales" de la Ley de Migraciones "que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos,como la violación al principio del debido proceso y derecho a contar con asistencia".

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