Amenazas de tiroteo en escuelas bonaerenses: cómo es el protocolo que deben activar las instituciones educativas
Ante cada mensaje, el personal debe informar al equipo directivo. El procedimiento deriva en una denuncia a la fiscalía. De acuerdo al Código Penal, la figura de intimidación pública, prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión.
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Una serie de amenazas de tiroteo encendió preocupó a las autoridades educativas de las escuelas bonaerenses. Frente a este escenario, activaron un protocolo que establece la denuncia obligatoria ante la Justicia cada vez que se detecta una amenaza dentro de una institución educativa.
Según indicaron, el procedimiento se inicia cuando aparece un mensaje intimidante, ya sea una pintada, un cartel o cualquier advertencia escrita. En ese momento, el personal escolar debe informar de inmediato al equipo directivo, que a su vez comunica el hecho al inspector de enseñanza. Luego, el caso es elevado al inspector distrital y se realiza la denuncia correspondiente ante la fiscalía, sin necesidad de identificar en una primera instancia a un responsable.
En paralelo, la Inspección Distrital da intervención a las áreas centrales del sistema educativo, lo que permite activar un seguimiento más amplio y coordinado. Además, el protocolo contempla un abordaje integral dentro de la comunidad educativa.
En ese sentido, se trabaja primero con el grupo de estudiantes directamente involucrado (por ejemplo, el curso donde apareció la amenaza) y luego se extiende la intervención a toda la institución. También se establece contacto con las familias para informar la situación y generar instancias de acompañamiento.
Este enfoque incluye la participación de equipos de orientación escolar, inspectores de nivel y profesionales del área de Psicología, con el objetivo de contener a los estudiantes, prevenir nuevos episodios y desactivar posibles riesgos.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires remarcaron que cada caso contará con intervención policial y judicial. Además, recordaron que las amenazas de este tipo están contempladas como delito en el Código Penal bajo la figura de intimidación pública, que prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión.
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