Auditoría a la obra social de empleados rurales reveló millonarios fondos sin control y sospechas de fraude
El gobierno libertario intervino OSPRERA y afirman que tiene una deuda de $100 mil millones y déficit mensual de $4.200 millones.
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La primera auditoría impulsada a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) desde la intervención del gobierno nacional reveló una “grave crisis financiera y estructural”.
El titular de UATRE que estuvo al frente de la entidad es José Voytenco. “Quienes debían velar por su buena administración en beneficio de los afiliados estuvieron a punto de manchar el buen nombre y honor de la obra social poniendo en riesgo su existencia provocando un alarmante estado en lo administrativo y financiero”, afirma el informe de gestión del interventor Marcelo Petroni.
Hace unos meses, a Voytenco le embargaron bienes e inhibieron sus cuentas por presuntas irregularidades. A partir de ese momento, el gobierno nacional dispuso la intervención de la obra social. La denuncia inicial fue impulsada por otro dirigente del sindicato, Marcelo Andrada.
Además, el informe señala que el gobierno de Alberto Fernández le otorgó a la obra social de la UATRE $3.350 millones en concepto de “ayuda financiera”.
De acuerdo a las autoridades libertarias, que intervinieron la obra social, el gobierno anterior aprobó la rendición de cuentas, pero las facturas y planillas de gastos no se encuentran en los archivos de la Superintendencia.
La auditoría asevera que el déficit mensual al 31/10/2024 se encuentra en aproximadamente $4.200 millones, lo que representa un incremento exponencial de las deudas al no tener una caja que permita una reducción del pasivo”.
También pusieron la lupa sobre los proveedores. Del análisis de 10 de ellos, destacaron “la contratación de una auditoría en sistemas a una empresa de reciente creación, cuyo presupuesto inicial carecía de formalidades (fecha, firmas, detalle de entregables y plazos), cuyo costo del servicio no tiene respaldo en las tareas, plazos y personal afectado al trabajo a realizar, donde no pudieron ser comprobadas las tareas supuestamente desarrolladas, siendo la persona que aprobaba los servicios (gerente de Procesos y Sistemas) presuntamente familiar directo de dos de los socios de la empresa”.
El importe total es de $ 803 millones y según la misma auditoría, el dueño de esa compañía fue nombrado gerente de Sistemas de OSPRERA. Al dejar su participación en la empresa quedó a cargo un empleado de su madre. En las órdenes de compra no figura ni siquiera el trabajo a realizarse, ni los entregables, ni cuál es el producto final que van a dejar.
Una situación irregular también se detectó en los insumos farmacéuticos sobre un análisis de los 7 principales proveedores.
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