Cancha, coimas y contratos: la nueva pista que complica al exministro D’Onofrio en la causa por lavado de dinero
El dirigente pilarense Matías Yofe pidió que se investigue un complejo de fútbol vinculado a un empresario beneficiado con contratos de la VTV. Sospechan que fue usado para lavar dinero. La causa ya tenía en la mira una peluquería y una financiera.
La causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio sumó un nuevo capítulo. El dirigente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, presentó un escrito ante el juez Álvaro González Charvay para que se investigue una cancha de fútbol como posible canal para lavar fondos obtenidos mediante contratos irregulares de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
Según informó el canal TN, el complejo deportivo pertenece a Cristian Germán Ojeda, uno de los directivos de Franutec S.A., la empresa que ganó licitaciones durante la gestión de D’Onofrio para operar la VTV en distritos como Moreno, Lobos, General Rodríguez, Mercedes y Ezeiza. Ojeda también es dueño de la financiera Token Capital, allanada en enero pasado por orden del mismo juez. Además, controla las canchas ubicadas en Belgrano al 1200, donde funciona una peña de Boca Juniors.
Según Yofe, este emprendimiento podría haber sido utilizado para blanquear coimas pagadas a D’Onofrio y a la exconcejal Claudia Pombo a cambio de las adjudicaciones. En la presentación también se pidió que la Justicia investigue a Natasha Natural Migueles, pareja de Ojeda y dueña del showroom “NatSheti”, ubicado en la Avenida del Golf al 1500.
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“Llama la atención la cantidad de salidas del país de Ojeda y Migueles. En redes sociales se los ve en viajes ostentosos, con autos de alta gama y en destinos costosos”, remarcó Yofe en su requerimiento.
Este nuevo pedido se suma a una línea de investigación que ya incluye una peluquería (HairSpray) vinculada a Pombo y la financiera Token Capital. La Justicia no solo sigue el rastro de los contratos truchos, sino también de los posibles destinos del dinero sucio.
En paralelo, de acuerdo a ese mismo medio, avanza otra parte del expediente: el supuesto negocio con las fotomultas. Allí, hay dos investigaciones abiertas. En una de ellas, el juez Juan Manuel Culotta ordenó allanamientos en 11 municipios, como La Matanza, General Rodríguez y Zárate, por los convenios firmados con la Universidad Nacional de San Martín. Se sospecha que, mediante esta institución, se desviaron más de $1900 millones hacia empresas como Secutrans y Tránsito Seguro, pese a que la Universidad no figuraba como proveedor oficial.
En la otra causa, que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta, se apunta a la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (CECAITRA), que operó 155 cámaras en municipios como Tigre, Brandsen y Campana. Según el fiscal, muchas de esas cámaras no estaban habilitadas al momento de su instalación.
Desde CECAITRA aseguran que actuaron bajo las normas vigentes de ese entonces y que están dispuestos a colaborar con la investigación.
Mientras tanto, el entramado que comenzó con supuestas coimas en la VTV ya alcanza canchas de fútbol, financieras, peluquerías y universidades. Y la Justicia sigue atando cabos.
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