Caso "Vialidad": La justicia ordenó el decomiso de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner y otros condenados
Los bienes quedarán bajo custodia de la justicia y podrían ser ejecutados o transferidos al Estado. La medida alcanza a 122 bienes inmuebles.
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El tribunal que investigó delitos de corrupción alcanzados por la denominada “causa Vialidad” solicitó este martes avanzar con el decomiso de los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple una condena de prisión domiciliaria de seis años , junto a los de otros condenados por ese expediente.
La resolución se conoció este martes por la tarde y lleva la firma del Tribunal Oral Federal 2 (TOF) que integran Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, los mismos que llevaron adelante el juicio oral y público y fijaron pena para quien fue jefa de Estado durante dos períodos consecutivos.
La medida, dispuesta luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 fuera ratificada en junio pasado, alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.
Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades del empresario Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
En la medida que esta resolución se haga efectiva, con el correspondiente decomiso, los bienes quedarán bajo custodia de la justicia y luego se deberá determinar si son ejecutados o bien si, como ya ha ocurrido con otros inmuebles o vehículos, pueden ser aceptados por el Estado para ser utilizados ya sea como espacios físicos o como medio de moviidad.
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