Causa $Libra: La Justicia sobreseyó a Javier y Karina Milei
Así lo resolvió el Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, de Marcelo Martínez de Giorgi. También abarca a los empresarios detrás del proyecto del criptoactivo. Ninguno de ellos prestó declaración indagatoria.
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A un año y ocho meses del lanzamiento de la criptomoneda, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 resolvió sobreseer al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, secretaria general de la presidencia, en la denominada causa Libra, que investigaba una presunta megaestafa con criptomonedas y posibles delitos económicos vinculados al lanzamiento y promoción del activo digital.
La decisión del tribunal comprende también a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y al empresario estadounidense Hayden Mark Davis. Además, a Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
El magistrado Marcelo Martínez de Giorgi ordenó que, una vez firme la decisión, se comunique y archive la causa. El juez fundó la decisión en el artículo 336, inciso 3 del Código Procesal Penal de la Nación. Esa norma habilita el sobreseimiento cuando el hecho denunciado no encuadra en una figura legal.
El juez aclaró además que la formación del proceso no afecta el buen nombre y honor de los imputados. Ninguno de ellos prestó declaración indagatoria, y ocho designaron abogados defensores.
La investigación nació de una denuncia de los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, que pidieron indagar a Karina Milei por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. A esa presentación se acumularon la causa 574/2025, iniciada por Claudio Lozano, y el expediente 568/2025, que tramitaba en el Juzgado Federal 7. En agosto de este año se sumó el expediente 4254/26, que Frade promovió a partir de las declaraciones públicas de Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo.
Los denunciantes sostuvieron que el 14 de febrero de 2025, a las 19.01, el presidente publicó en X un mensaje que promovía el proyecto “Viva la Libertad”. El token, valuado en u$s 0,01, trepó hasta cerca de u$s 5 y se desplomó pocas horas después. Según la denuncia, unas pocas billeteras retiraron alrededor de 100 millones de dólares, y más de 40.000 compradores perdieron valor en sus tenencias, incluidos argentinos.
El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la instrucción por delegación, pidió el sobreseimiento de todos los imputados. El juez no se limitó a acatar el pedido: aplicó el artículo 69 del Código Procesal y la doctrina del fallo “Quiroga” de la Corte Suprema para revisar si el dictamen tenía fundamentos razonables. Concluyó que sí y que, como ninguna parte sostiene una acusación autónoma, correspondía resolver “de conformidad a lo instado”.
De acuerdo con datos incorporados a la investigación, antes del posteo presidencial ya se habían registrado compras por parte de 74 billeteras digitales que adquirieron millones de dólares en tokens.
Horas más tarde, en medio de versiones sobre un posible hackeo, Milei ratificó en una entrevista que el mensaje era auténtico. Cerca de la medianoche eliminó el posteo y sostuvo públicamente que “no estaba interiorizado en el proyecto”, por lo que decidió retirar su apoyo.
En paralelo, el Congreso conformó una Comisión Investigadora para analizar lo ocurrido. Desde el Poder Ejecutivo no concurrieron funcionarios a las citaciones realizadas ni se brindaron respuestas formales a los pedidos de información, según consta en el ámbito parlamentario. La comisión concluyó su trabajo sin poder formalizar las actuaciones.
Como respuesta institucional, el Gobierno creó una Unidad de Investigación interna en el Ministerio de Justicia, que condujo Mariano Cúneo Libarona. El informe oficial concluyó que el Presidente actuó “a título personal” al momento de realizar la publicación, pese a que el mensaje se difundió desde una cuenta verificada como oficial. Más adelante, fue disuelto.
El proyecto fue impulsado por el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, quien semanas antes había firmado un acuerdo para asesorar al Gobierno argentino en temas vinculados a blockchain. Davis declaró públicamente que, tras la operatoria, habrían quedado alrededor de 110 millones de dólares en criptoactivos y sostuvo que esos fondos estarían destinados a la Argentina. Posteriormente anunció la creación de un fideicomiso denominado Libra Trust, aunque hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre su funcionamiento.
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