Cómo es el novedoso proyecto que impulsa Pablo Petrecca para prohibir celulares en cárceles bonaerenses
El legislador propone crear un Sistema de Comunicación Digital Supervisada por el Estado. “Los penales no pueden funcionar como plataformas para la comisión de delitos”, sostuvo.
:format(webp):quality(75)/https://lanoticia1cdn.eleco.com.ar/media/2026/04/petrecca.jpeg)
El senador provincial Pablo Petrecca presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y reemplazar el actual esquema de comunicaciones por un sistema digital supervisado por el Estado.
La iniciativa apunta a modificar el régimen vigente desde 2020, implementado durante la pandemia, que hoy regula las comunicaciones de casi 49.000 detenidos en el Servicio Penitenciario Bonaerense sin una ley específica ni control legislativo.
“Las cárceles no pueden funcionar como plataformas para la comisión de delitos”, afirmó el legislador, al advertir que desde el interior de los penales se coordinan extorsiones, amenazas y estafas contra personas en libertad.
Un sistema cerrado y sin celulares
El proyecto propone la creación del Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS), una plataforma institucional que reemplazaría el uso de teléfonos móviles personales dentro de las unidades penitenciarias.
El sistema funcionaría en una red cerrada, sin acceso a internet ni redes sociales, y permitiría únicamente comunicaciones con contactos previamente registrados y verificados. Además, todas las interacciones quedarían bajo monitoreo estatal.
A partir de su implementación, la tenencia de celulares sería considerada una falta grave, con impacto en beneficios como salidas transitorias o la libertad asistida.
De medida excepcional a política pública
Petrecca explicó que el objetivo es “ordenar una situación que nació como excepción” durante la pandemia y que se mantiene sin reglas claras:
“No elimina la comunicación: la ordena y la pone bajo control del Estado. Busca terminar con el uso descontrolado de celulares en contextos de encierro y evitar que las cárceles funcionen como plataformas para delinquir”, explicó el legislador.
La propuesta contempla una implementación gradual, que permitirá reemplazar progresivamente el protocolo actual sin interrumpir los vínculos familiares, educativos o legales de los detenidos.
La iniciativa incorpora herramientas que hoy no existen en el sistema:
• Informes anuales a la Legislatura
• Control judicial de restricciones en plazos breves, con revisión en 48 horas
• Seguimiento institucional del sistema
• Convenios con operadoras para el bloqueo por IMEI de dispositivos no autorizados dentro de los establecimientos
El senador remarcó que el proyecto parte de una premisa clara:
“Las personas privadas de la libertad conservan sus derechos, pero eso no impide que el Estado establezca reglas razonables cuando están en juego la seguridad pública y los derechos de terceros”.
En ese sentido, la iniciativa también incluye un capítulo específico para el sistema penal juvenil, estableciendo reglas diferenciadas y garantizando la continuidad del derecho a la comunicación en el paso desde los dispositivos de niñez al sistema penitenciario.
Un caso que reavivó el debate
El impulso a esta iniciativa se da en un contexto marcado por investigaciones que revelaron maniobras delictivas organizadas desde cárceles bonaerenses. Entre ellas, el caso de Rodrigo Andrés Gómez, cuya muerte derivó en el descubrimiento de una red de extorsión digital que operaba desde una unidad penitenciaria.
Según la investigación, la organización captaba víctimas a través de perfiles falsos y llevaba adelante maniobras extorsivas, algunas de ellas coordinadas desde el interior del sistema carcelario.
Para el senador, este tipo de episodios expone un problema estructural: “La falta de reglas claras y de control efectivo sobre las comunicaciones intramuros no solo compromete la seguridad pública, sino que potencia la acción de organizaciones criminales”.
El proyecto plantea un equilibrio entre seguridad y derechos. “Las personas privadas de la libertad conservan sus derechos, pero eso no impide que el Estado establezca reglas razonables cuando está en juego la seguridad pública”, sostuvo Petrecca.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión