Denuncian penalmente al intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, por la "inacción" frente a las inundaciones
Productores lo acusan de no convocar al Comité de Cuenca A3 en plena emergencia. Señalan que priorizó la campaña electoral antes que las obras. También apuntan contra funcionarios provinciales de Hidráulica y de la Autoridad del Agua.
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Productores rurales de Carlos Casares presentaron una denuncia penal contra el intendente de Unión por la Patria, Daniel Stadnik, a quien responsabilizan por la inacción frente a las inundaciones que afectan a la región desde febrero. El escrito también alcanza a funcionarios bonaerenses de la Dirección de Hidráulica y de la Autoridad del Agua (ADA).
La presentación judicial, a la que tuvo acceso incluye cargos por estrago doloso por inundación, incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión impropia con deber de garante, delitos que contemplan prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Para los denunciantes, Stadnik y los funcionarios provinciales “conocían el riesgo, tenían la obligación legal y técnica de actuar, y sin embargo eligieron no hacerlo”.
La denuncia subraya que el jefe comunal, además de intendente, es ingeniero hidráulico y preside el Comité de Cuenca Subregión A3. Pese a esa doble responsabilidad, nunca convocó al organismo en medio de la crisis hídrica. El propio Stadnik reconoció públicamente que debía hacerlo, pero admitió haberlo pospuesto por la campaña electoral, lo que para los productores constituye una confesión de dolo.
El planteo también apunta al colapso del Plan Maestro del Río Salado, lanzado en 1999 con un plazo de ejecución de 15 años, pero que a 2025 apenas se encuentra a mitad de camino. Las obras inconclusas dejaron a la Cuenca vulnerable, provocando anegamientos en 2017, 2022, 2024 y 2025.
El impacto económico es demoledor. Según la CARBAP, la Cuenca del Salado concentra el 75% del stock vacuno bonaerense, el 28% nacional, y aporta entre el 20 y 25% de la producción agrícola del país, además del 40% de la cebada y el girasol y el 20% de la producción lechera. “Estamos hablando de un daño económico nacional por responsabilidad de un puñado de funcionarios”, remarcaron los denunciantes.
La presentación judicial se apoya en pruebas documentales: certificados de emergencia agropecuaria, resoluciones oficiales, actas del Comité de Cuenca, informes técnicos de CARBAP, registros de eventos hídricos y hasta capturas de la propia web de la ADA. También ofrecieron testigos y pidieron resguardar digitalmente el contenido oficial.
“Llevamos 25 años esperando que el Estado cumpla con su obligación y mientras tanto nos inundamos una y otra vez. No es una catástrofe natural, es un estrago político”, denunciaron los productores de Carlos Casares al presentar la demanda. Y cerraron: “Queremos que se investigue y que los responsables paguen por la devastación que nos condena a la miseria”.
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