El Gobierno Nacional habilitó a las provincias a bloquear celulares en las cárceles
La medida establece un mecanismo federal para detectar equipos dentro de establecimientos penitenciarios y solicitar su inhabilitación ante las compañías telefónicas.
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El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva, formalizó el programa que permitirá a las provincias detectar y bloquear teléfonos celulares dentro de las cárceles, mediante un sistema federal que busca impedir el uso de dispositivos móviles en zonas restringidas.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 806/2026, que aprobó un protocolo técnico y un modelo de convenio para que las distintas jurisdicciones puedan adherir al mecanismo.
La iniciativa se denomina Programa para la Detección y Bloqueo de Telefonía Móvil en Establecimientos Penitenciarios y contempla la identificación del IMEI (código único del dispositivo), del IMSI (identificador asociado a la tarjeta SIM) y de la línea telefónica vinculada.
De esta manera, el sistema apunta a impedir que un teléfono pueda continuar funcionando dentro de las áreas restringidas incluso si se le cambia la tarjeta SIM.
Cómo funcionará el bloqueo
La implementación estará a cargo de la Subsecretaría de Articulación Federal en aquellas jurisdicciones que adhieran al programa.
El Ministerio de Seguridad de la Nación funcionará como ventanilla única ante las empresas de telefonía, por lo que las provincias no podrán solicitar directamente a las operadoras la inhabilitación de los equipos detectados.
El procedimiento comenzará con la detección de los dispositivos que se activen dentro de las áreas de detención o de acceso restringido. Una vez identificados sus códigos IMEI e IMSI, la información será enviada al sistema federal para que se formalice el pedido de bloqueo.
Según el protocolo, las compañías de telecomunicaciones tendrán un plazo máximo de 48 horas para confirmar la ejecución del bloqueo, tanto de la línea como del equipo.
Qué deberán hacer las cárceles provinciales
El organismo provincial encargado de la cuestión penitenciaria deberá identificar los teléfonos y remitir la información correspondiente.
A su vez, el Servicio Penitenciario Provincial tendrá que monitorear de manera remota los dispositivos de detección y comunicar de inmediato cualquier incidente que pueda producirse.
Las provincias que adhieran deberán cargar diariamente en un servidor habilitado por el Ministerio de Seguridad archivos en formato CSV con los IMEI e IMSI detectados, organizados según la empresa prestadora.
El esquema contempla dos archivos por cada una de las cinco operadoras previstas, uno correspondiente a los IMEI y otro a los IMSI.
Una medida que se extiende a las cárceles provinciales
El mecanismo se sustenta en la Ley 24.660, que prohíbe el uso de teléfonos móviles en los establecimientos penitenciarios, y en las normas del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que establecen obligaciones para las empresas prestadoras.
Con la nueva resolución, el sistema de detección y bloqueo deja de estar circunscripto exclusivamente al Servicio Penitenciario Federal y podrá extenderse a las unidades penitenciarias provinciales que decidan adherir.
El protocolo también contempla situaciones especiales para quienes ingresan legalmente a los establecimientos.
Los celulares pertenecientes a agentes penitenciarios, jueces, fiscales, abogados, representantes de organismos de control y miembros diplomáticos o consulares deberán permanecer en sectores especialmente destinados para su guarda y fuera de las zonas alcanzadas por el sistema de detección.
Además, el programa prevé auditorías periódicas y obligaciones de confidencialidad sobre la información vinculada con los dispositivos identificados y los bloqueos solicitados.
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