El Gobierno Nacional impulsa el atentado del ERP contra el capitán Humberto Viola como crimen de lesa humanidad
El ataque guerrillero sucedió el 1ro de diciembre de 1974. Fue asesinado de un disparo en la cabeza y en la balacera su hija de 3 años perdió la vida.
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A través de un comunicado de la Presidencia que reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad.
De acuerdo al vocero presidencial, Manuel Adorni, el atentado sucedió de la siguiente manera:
“Un grupo de guerrilleros, con escopetas y ametralladoras en mano, interceptó el auto en el que el capitán viajaba con su familia: su esposa, María Cristina Picón, embarazada de cinco meses, y sus dos hijas, María Fernanda, de cinco años, y María Cristina, de tan solo tres años. Después de una corta balacera, su hija menor, María Cristina, fue asesinada. El capitán Viola, gravemente herido, intentó correr en la dirección opuesta al vehículo para salvaguardar al resto de su familia y fue asesinado por la espalda de un disparo en la cabeza. Su hija mayor, María Fernanda, resultó herida de un disparo en la cabeza, estuvo en coma cuatro meses y sufrió ocho operaciones, pero logró sobrevivir. Su esposa, que afortunadamente salió ilesa del atentado, falleció en el año 2021, después de pasar el resto de sus días bregando por justicia, dado que tuvo que ver cómo los asesinos de su hija y su esposo, de apellidos Núñez, Carrizo, Paz y Emperador, fueron liberados hacia finales de la década del 80″.
Por lo tanto, el Gobierno enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos.
Además, ordenaron desclasificar toda documentación vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. La medida implica el traspaso absoluto de archivos que están bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al Archivo General de la Nación.
En ese orden, desde el gobierno libertario volvieron a poner en discusión el número de desaparecidos:
“El número de 30 mil desaparecidos no tiene ningún respaldo y se impuso propagandísticamente”, aseguró Adorni.
“Durante décadas, los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y sólo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta. A pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra vaya a saber uno con qué motivo”, analizó Adorni.
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