El Senado busca avanzar con la Ley de Discapacidad: este miércoles intentará firmar dictamen para votarla en noviembre
El proyecto ya tiene media sanción de Diputados y conserva la actualización de prestaciones por inflación y las pensiones no contributivas. La Cámara Alta prevé debatirlo el 19 de noviembre.
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El Congreso busca avanzar con la nueva Ley de Discapacidad. Después de que Diputados aprobara el proyecto con amplio respaldo, el Senado pondrá en marcha este miércoles el tratamiento de la iniciativa y buscará emitir dictamen para llevarla al recinto el próximo 19 de noviembre.
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Población fue convocado para las 16.00. La expectativa es que el expediente avance sin mayores obstáculos, luego de que la Cámara Baja le diera media sanción con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones.
El avance se produjo después de que el Gobierno aceptara modificaciones reclamadas por la oposición. De esta manera, el texto conserva buena parte de los principales puntos de la iniciativa original, aunque introduce cambios en el alcance de la normativa.
Qué cambia con la nueva Ley de Discapacidad
Uno de los aspectos centrales es que se mantiene la actualización mensual de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad de acuerdo con la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Además, el proyecto garantiza la continuidad del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y de las pensiones no contributivas. También contempla la posibilidad de que sus beneficiarios puedan acceder a un empleo registrado sin perder automáticamente ese ingreso.
Sin embargo, uno de los cambios respecto de la propuesta opositora es la eliminación del concepto de emergencia en discapacidad, que otorgaba al Poder Ejecutivo mayores facultades para administrar los recursos destinados al sector.
El nuevo texto también establece de manera más precisa los requisitos para acceder a las pensiones. Entre las condiciones figura no tener ingresos individuales netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Otro punto incorporado es la garantía de continuidad de la cobertura médica para quienes perciben pensiones no contributivas por invalidez laboral o discapacidad, a través del programa Incluir Salud.
Por último, se fijan plazos para regularizar las deudas con los prestadores de servicios. El Gobierno deberá comunicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y completar la cancelación de las obligaciones en un plazo máximo de 90 días.
En materia presupuestaria, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el costo de la iniciativa alcanzaría los $598.912 millones para 2027.
Con el dictamen como primer objetivo, el Senado buscará completar el trámite legislativo y convertir en ley una iniciativa que ya consiguió un amplio respaldo en Diputados.
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