Embargan por $170 millones a PyME de Carlos Casares que se negó a reincorporar despedidos y fue bandera del antibloqueo
La Justicia laboral sancionó a Lácteos Vidal por desobedecer una orden judicial. La empresa fue respaldada por Florencia Arietto y el Movimiento Empresario Antibloqueo, pero el conflicto hoy la deja al borde del colapso.
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Otro duro revés judicial golpea a Lácteos Vidal, la PyME láctea de Carlos Casares que fue impulsada como ejemplo en la lucha "antibloqueo" por la diputada Florencia Arietto. El Juzgado Nacional de Trabajo Nº69 le aplicó un embargo por más de $170 millones por incumplir la orden de reincorporar a 29 trabajadores despedidos en 2022.
La medida alcanza fondos presentes y futuros depositados en el Banco Provincia, con un monto inicial de $129.723.774,32, más intereses y costas que elevan la suma a más de $170 millones, según detalla el sitio Data Gremial. El juez aplicó las sanciones tras considerar que la empresa incurrió en “desobediencia reiterada”, al no acatar el fallo que ordenaba devolver los puestos de trabajo.
El conflicto comenzó hace casi dos años, cuando Lácteos Vidal fue escenario de una protesta gremial por parte de trabajadores afiliados a ATILRA. Desde entonces, su titular, Alejandra Bada Vázquez, optó por sostener el litigio con apoyo del Movimiento Empresario Antibloqueo (MEAB), espacio creado por Arietto para cuestionar las protestas sindicales.
Sin embargo, la Justicia determinó en múltiples fallos que no hubo delito por parte de los trabajadores, ya que se trató de una “ocupación temporaria de un terreno baldío” en el marco de una huelga legal.
En lugar de acatar los fallos, desde el MEAB redoblaron la apuesta y cuestionaron al juez y al sindicato. “¿Qué están buscando Atilra y el juez Ramonet? ¿Quieren que Lácteos Vidal quiebre?”, expresaron desde el espacio, advirtiendo que “estas medidas desalientan la inversión y empujan al cierre de empresas”.
El fallo judicial, no obstante, fue categórico: “La falta de cumplimiento por parte de Lácteos Vidal deja en evidencia su resistencia a acatar las decisiones judiciales”. Mientras tanto, el conflicto deja en evidencia los riesgos de judicializar un reclamo laboral sin acatar los canales legales, y expone a la empresa a una posible crisis económica de difícil recuperación.
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