Escándalo en Balcarce: echan a una científica que investigaba agrotóxicos y detectó glifosato en el 84% de las personas
El INTA exoneró a Virginia Aparicio tras un sumario administrativo. La investigadora participó de un estudio internacional que detectó glifosato en la orina del 84% de los voluntarios analizados. Organizaciones científicas y socioambientales denuncian censura y persecución.
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El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Aparicio, investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce desde 1997. La medida se adoptó tras un sumario administrativo vinculado con su participación en un estudio internacional sobre agroquímicos.
Ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias, Aparicio integró desde 2020 el proyecto SPRINT, financiado por la Unión Europea. La iniciativa reunió a investigadores de distintos países para estudiar la presencia de plaguicidas en el ambiente, los animales y las personas.
En el sudeste bonaerense se analizaron muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios, entre productores agropecuarios, trabajadores rurales y consumidores. También se estudiaron muestras de agua, suelo, aire y alimentos. Entre los resultados se informó la detección de glifosato en la orina del 84% de los participantes. El hallazgo permite caracterizar la exposición a la sustancia, pero no demuestra por sí solo que haya causado enfermedades.
La investigación que terminó en un sumario
En junio de 2023, las autoridades del INTA ordenaron suspender una reunión en la que Aparicio iba a presentar los resultados a los participantes. Seis meses después, el organismo retiró a Argentina del proyecto SPRINT y abrió un sumario contra la investigadora.
El procedimiento incluyó ocho imputaciones vinculadas con el envío de muestras al exterior, el manejo de información confidencial, la participación de otras personas y presuntas irregularidades administrativas y financieras.
Según publicó el medio Primera Plana, la defensa rechazó las acusaciones. Sostuvo que el envío de muestras respondía al protocolo internacional y cuestionó la proporcionalidad de la sanción.
Los argumentos del INTA y las denuncias
La resolución 366 impuso la exoneración, la sanción más grave del régimen disciplinario del empleo público nacional. Entre los cuestionamientos del organismo figura la participación de José Luis Costa, investigador retirado y conviviente de Aparicio, en tareas relacionadas con la conducción del proyecto y el acceso a sus datos.
La resolución reconoce que no se acreditó un beneficio económico personal para la científica ni antecedentes disciplinarios previos. También señala que no se determinó de manera fundada un perjuicio fiscal equivalente a los montos administrados.
Otros integrantes del INTA involucrados en el sumario recibieron sanciones diferentes o fueron eximidos de responsabilidad. Aparicio, en tanto, había denunciado indefensión y trato discriminatorio. El Consejo Directivo rechazó sus planteos.
La exoneración generó el rechazo de organizaciones científicas, sindicatos y agrupaciones socioambientales, que denunciaron censura y persecución. En una entrevista con el medio especializado Bichos de Campo, Aparicio describió el aislamiento que aseguró haber sufrido: “Parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA”.
El 15 de octubre, antes de conocerse la sanción, la investigadora presentó los resultados de sus mediciones ante el Concejo Deliberante de Balcarce.
La defensa cuestionó la legalidad y la proporcionalidad de la medida y anticipó que recurriría a la Justicia. El caso reabre el debate sobre el acceso a la información ambiental y el papel de los organismos públicos en las investigaciones sobre agroquímicos.
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