Escándalo en La Matanza: Investigan contratos de 30 escuelas públicas con la prepaga trucha “Argentina Salud”
La empresa de cobertura médica está acusada de operar clínicas, consultorios y ambulancias sin habilitación oficial.
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En la causa judicial donde investiga a la prepaga ilegal “Argentina Salud” se determinó que al menos 30 escuelas públicas de La Matanza habrían contratado servicios de cobertura médica con la organización denunciada por operar clínicas, consultorios y ambulancias sin habilitación oficial.
Según reveló SM Noticias, los convenios se firmaban bajo la razón social “Argentina Salud – Dios con Nosotros Centro Médico Cristiano S.A.S.” y ofrecían el servicio de “Área Protegida” para atender emergencias y urgencias dentro de establecimientos educativos.
La investigación comenzó luego de la denuncia de una médica que descubrió que utilizaban su nombre, matrícula y sello profesional sin autorización. De ese momento, la Justicia detectó una presunta red sanitaria clandestina que habría empleado personas sin títulos revalidados para atender pacientes y confeccionar certificados médicos aparentemente apócrifos.
Entre los principales detenidos aparece Alberto Rubén Santarceri, señalado como uno de los responsables centrales de la estructura. También figura Nicolás Santarceri, mencionado en declaraciones testimoniales y señalado como firmante de contratos y receptor de pagos en efectivo realizados por instituciones educativas.
Uno de los testimonios incorporados al expediente corresponde a la directora de una escuela primaria de Isidro Casanova, quien explicó que la contratación surgió por recomendación de la secretaria del establecimiento tras conocer el servicio mediante otra escuela de la zona.
La directiva entregó además a la Justicia un cuaderno de cooperadora donde constaba un recibo provisorio emitido por “Argentina Salud Kilómetro 36”, con domicilio sobre Ruta 3, en Virrey del Pino. El comprobante acreditaba un pago en efectivo de 1.296.500 pesos con cobertura vigente hasta diciembre de 2026.
Según declaró, cuando solicitaban asistencia médica a la empresa, en ocasiones llegaban “camionetitas blancas con el logo de Argentina Salud” y otras veces vehículos particulares. También sostuvo que los supuestos profesionales dejaban certificados o actas firmadas y selladas tras cada intervención, documentación que quedaba asentada en el Libro de Actas de Accidentes Escolares.
En paralelo, el Ministerio de Salud bonaerense informó que uno de los cuatro establecimientos inspeccionados vinculados a la organización ya tenía una resolución de clausura desde 2024, mientras que otros tres nunca habían contado con habilitación para funcionar.
La causa también avanzó sobre las declaraciones de Dunia Mercedes Suazo Pulido y Carlos Covarrubias, quienes reconocieron haber trabajado sin autorización válida para ejercer la medicina en Argentina.
Suazo Pulido declaró que era médica en Cuba pero que no tenía el título revalidado en el país. Además, aseguró que atendía pacientes utilizando un sello entregado por Santarceri y perteneciente a otra profesional.
Por su parte, Covarrubias relató que ejercía como médico en Bolivia pero tampoco estaba habilitado en territorio argentino. Según su testimonio, realizaba emergencias médicas en escuelas y afirmó que las ambulancias salían con certificados previamente sellados.
El hombre también declaró que cobraba 80 mil pesos por guardias de 24 horas y sostuvo que había varios trabajadores en situación irregular dentro de la organización.
La investigación está a cargo del fiscal Fernando Garate, quien encabeza la instrucción desde la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N°1 de La Matanza. En los próximos días comenzarán además las declaraciones de médicos perjudicados y de pacientes que aseguran haber sido atendidos dentro del circuito sanitario bajo sospecha.
Los investigadores creen que esos testimonios podrían ampliar el alcance del expediente y derivar en nuevas imputaciones.
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