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    Fentanilo contaminado: tras el procesamiento del dueño del laboratorio, la Comisión investigadora apunta contra la ANMAT

    Tras el procesamiento de Ariel García Furfaro por la muerte de 124 pacientes, la Comisión Investigadora del Congreso señaló graves fallas de control en la ANMAT y pidió reformas urgentes.

    27 de septiembre de 2025 | 20:15
    Fentanilo contaminado: la PFA incautó ampollas en el marco de la investigación
    Fentanilo contaminado: la PFA incautó ampollas en el marco de la investigación|PH: Internet

    El escándalo por el fentanilo contaminado sigue creciendo. Mientras la Justicia Federal procesó al empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., la Comisión Investigadora del Congreso apuntó contra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por “no controlar” a la firma responsable y permitir irregularidades que venían de años atrás.

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    El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, confirmó esta semana el procesamiento de García Furfaro como coautor penalmente responsable por adulteración de sustancias medicinales que provocaron la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con homicidio agravado. La causa investiga en total 124 muertes vinculadas al consumo del opioide adulterado.

    La resolución judicial también dispuso un embargo sobre los bienes del empresario por un billón de pesos, mientras que su madre, Nilda, y su hermano Diego enfrentan prisión preventiva y embargos millonarios. El caso se tramita bajo el artículo 201 bis del Código Penal, que prevé penas de hasta 25 años de cárcel cuando la adulteración de medicamentos causa muertes.

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    anmat

    El foco sobre la ANMAT

    En paralelo al avance judicial, la diputada nacional Mónica Fein, presidenta de la Comisión Investigadora del Fentanilo, denunció que el organismo de control “no fiscalizó” al laboratorio responsable y que las fallas venían documentándose desde 2021.

    “La ANMAT solo le pidió al laboratorio que retirara los lotes del mercado, pero no verificó que efectivamente se cumpliera. Su accionar fue parcial, incompleto y desordenado”, afirmó la legisladora, quien subrayó que fue el juez quien actuó con mayor celeridad, ordenando el secuestro de otros lotes contaminados.

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    Fein recalcó que las malas prácticas en Ramallo ya habían sido advertidas en años previos: “En 2016 explotó la caldera de una de sus plantas, hubo heridos, y ese antecedente estaba en la causa. La ANMAT ya había detectado irregularidades en 2021 y 2023, pero el laboratorio siguió distribuyendo ampollas que tenía prohibidas”.

    Un problema sistémico

    Para la diputada socialista, el caso demuestra que el problema excede a una empresa: “Lo que ocurrió con el fentanilo contaminado es parte de un sistema con fallas graves. Tenemos que modificar normativas y mejorar procedimientos de control para garantizar la trazabilidad de los medicamentos”.

    La Comisión, conformada por unanimidad de todos los bloques del Congreso, comenzará su trabajo escuchando a familiares de víctimas la próxima semana. Luego pedirá informes detallados a la ANMAT y al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

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    El objetivo central será definir cambios en la regulación de opiáceos y medicamentos de alto riesgo. “Es fundamental establecer una trazabilidad estricta del fentanilo para que no se pierda o sea adulterado antes de llegar al paciente”, remarcó Fein.

    Además, la diputada insistió en que la tragedia debe dejar una enseñanza: *“Estamos todos los bloques, porque ante el dolor de las víctimas lo peor sería no analizar todo el procedimiento. Esta terrible tragedia sanitaria tiene que servir para evitar futuras muertes”*.

    Un escándalo que no se apaga

    El caso del fentanilo contaminado golpea al sistema de salud, a la política y a la justicia. Con 124 muertes bajo investigación, un laboratorio cuestionado por años de irregularidades y un organismo de control en la mira, la crisis abre un debate sobre la responsabilidad del Estado en garantizar medicamentos seguros.

    Mientras la causa judicial avanza hacia un posible juicio con penas de hasta 25 años, el Congreso promete no quedarse atrás. El trabajo de la Comisión será clave para determinar responsabilidades políticas y administrativas, y para impulsar reformas que eviten que una tragedia de esta magnitud vuelva a repetirse.

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