Fernando Espinoza presentó un proyecto para frenar el avance de Farmacity
El diputado nacional por Unidad Ciudadana ahora trasladó la discusión por la cadena de farmacias al Congreso nacional. La iniciativa apunta a defender a las pequeñas y medianas empresas que brindan el servicio de farmacia. Se destaca el hecho de que el medicamento es un bien social y por lo tanto su comercialización debe ser regulada.
El proyecto es presentado en medio de la polémica por el papel del Secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, en Farmacity, cadena que quiere desembarcar en la provincia de Buenos Aires pese a los fallos judiciales que se lo impiden. El diputado Fernando Espinoza presentó un proyecto ley referido al desempeño de las farmacias en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa propone modificar el artículo 3 de la Ley 17.565 que regula el funcionamiento de esta actividad, volviendo a la doctrina tradicional -que estuvo vigente entre 1905 y 1991, cuando fue derogada por un decreto del expresidente Carlos Menem- que, según Espinoza, históricamente "produjo un servicio eficiente, sin grandes sobrecostos, con diversificación, calidad técnica y una red de miles de propietarios".
Con ese objetivo, el proyecto añade al artículo mencionado que "es atribución de los gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires limitar la autorización a instalar farmacias según los propietarios sean sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada o sociedades colectivas cuando no estén integradas totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio de la farmacia".
Además propone derogar decreto de desregulación
Además, para que la legislación sea coherente, Espinoza propone derogar el artículo 13 del decreto 2284/91 o de desregulación económica, que indica que "cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza podrá ser propietaria de farmacias, sin ningún tipo de restricción de localización".
En esa dirección, se subraya el hecho de que "el medicamento es un bien social que integra el derecho a la salud (como prescribe el artículo 36 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires) y por lo tanto su comercialización debe ser regulada”.
Por otra parte, se remarca que "debe ser reglada racionalmente" la instalación de farmacias para que estén distribuidas en todo el territorio, "sin que una empresa de mayor envergadura desarrolle prácticas predatorias mediante una competencia agresiva que destruya a los pequeños y luego lucre con un mercado cautivo, cuasi monopolizado". El proyecto fue girado a las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Legislación General, ambas presididas por diputados de Cambiemos.