Financiamiento universitario: La ley está suspendida hasta que defina la Corte Suprema
Así lo definió la Cámara nacional de apelaciones. El Ejecutivo logra llevar el caso al máximo tribunal para impedir la implementación de la ley.
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El Ministerio de Capital Humano informó que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario federal presentado por el Gobierno nacional en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
Según el comunicado oficial, la presentación se realizó en el marco de la causa “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN - PEN - DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986” (CAF 039475/2025), relacionada con una medida cautelar sobre la Ley N° 27.775.
La cartera indicó que el recurso fue presentado contra la sentencia del 31 de marzo de la Sala III de la Cámara, integrada por los jueces Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira, y que incluyó el pedido de efecto suspensivo, que fue concedido por el tribunal.
"La llamada "ley de financiamiento universitario", impulsada con la intención de destruir el equilibrio fiscal, está suspendida. Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar hasta tanto se expida, de manera definitiva, la Corte Suprema de Justicia de la Nación", señaló Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación.
De acuerdo con el texto difundido por el Ministerio de Capital Humano, la decisión judicial implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida de manera definitiva.
El comunicado recordó además que mediante el Decreto N° 759/25 se promulgó la Ley N° 27.775, cuya ejecución quedó suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento, debido a que su aplicación “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas”.
Por último, el Gobierno nacional ratificó “su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender”, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y de asignación eficiente de los recursos del Estado.
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