Fue beneficiaria de un plan social y ahora como concejal de LLA en Tandil votó contra un reclamo por recortes a Nación
Nadia Cisneros quedó en el centro de la polémica luego de que trascendiera que habría recibido el programa Potenciar Trabajo durante la pandemia, mientras en el Concejo Deliberante defendió el recorte y se mostró en contra de un reclamo al Gobierno nacional por la baja del beneficio.
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En Tandil, el debate por la política social del Gobierno nacional volvió a escalar dentro del Concejo Deliberante, en medio de una sesión marcada por cruces y fuertes cuestionamientos.
Todo se dio a partir de una resolución que buscaba expresar el rechazo a la reducción del programa Potenciar Trabajo, rebautizado por la actual gestión como Volver al Trabajo, medida que impacta en sectores vulnerables de la ciudad.
Durante el debate, la concejal de La Libertad Avanza (LLA), Nadia Cisneros, tomó la palabra y defendió la postura de no acompañar el reclamo hacia Nación. Argumentó en favor de la necesidad de promover el “trabajo genuino” por encima de los programas sociales con contraprestación.
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Su intervención generó reacciones inmediatas dentro del recinto, especialmente por parte de integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quienes cuestionaron el recorte de ingresos que afectaría a unas 900 personas en situación de vulnerabilidad, con montos cercanos a los 78 mil pesos mensuales.
El clima fue tenso y el intercambio dejó un fuerte malestar entre los presentes.
Sin embargo, de acuerdo a lo que publicó el medio local El Eco de Tandil, el debate sumó un capítulo posterior que profundizó la controversia: según versiones que circularon en el ámbito político local, la propia Nadia Cisneros habría sido beneficiaria del programa Potenciar Trabajo durante la pandemia.
La información generó revuelo en distintos sectores de la política serrana, especialmente porque desde el espacio Acción Tandilense, alineado con la lógica de La Libertad Avanza, suelen sostener un discurso centrado en la crítica a los planes sociales y en la defensa de la “ética” en la función pública.
La situación reavivó la discusión sobre coherencia política y uso de programas sociales, en un contexto donde el ajuste y la redefinición de las políticas de asistencia siguen generando tensión en todo el país.
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