General Rodríguez: Hay un quinto detenido por tirar bombas molotov durante el debate de la Reforma laboral en el Congreso
El hombre llevaba consigo una mochila con combustible y gran cantidad de panfletos políticos. Para la Fiscalía, cada uno de los imputados formaron un grupo organizado.
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La Unidad Fiscal de Flagrancia Este, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, logró identificar y detener a un quinto imputado por los ataques con bombas molotov contra Gendarmería Nacional y Policía Federal Argentina durante las protestas frente al Congreso Nacional del pasado 11 de febrero, cuando se debatía la reforma laboral.
Con este arresto, ya son cinco los detenidos imputados por fabricación, tenencia y uso de material explosivo e inflamable, intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado.
Para la Fiscalía, los imputados habrían formado parte de un grupo organizado en el que cada uno cumplía un rol específico, según se informó.


Al igual que en los casos anteriores, la identificación del hombre fue posible gracias a una serie de medidas dispuestas por los Auxiliares Fiscales Mariano Javier Camblong y Malena Mercuriali de la Unidad de Flagrancia Este, coordinada por el fiscal Federico Tropea.
Las tareas combinaron investigación de imágenes de fuentes abiertas, cámaras del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad y grabaciones de medios televisivos. El cruce de ese material, analizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la División Individualización Criminal de la PFA, arrojó una coincidencia de identidad superior al 96%. Con ese resultado, la Fiscalía solicitó la orden de detención, que fue concedida por el Juzgado PCyF N° 6, a cargo del juez Gonzalo Rua.

Este miércoles, en el marco de las tareas coordinadas por el CIJ, la División Prófugos y Capturas de la Policía de la Ciudad detuvo al acusado en el partido de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.
Llevaba consigo una mochila con un bidón de líquido combustible, parte de la ropa que habría usado durante los ataques, dos celulares y gran cantidad de panfletos políticos.
De esta forma, la Unidad Fiscal de Flagrancia Este formalizó la imputación por los delitos previstos en el art. 189 bis del Código Penal (hasta 15 años de prisión), art. 211 (hasta 6 años) y arts. 237 y 238 (hasta 2 años). La investigación continúa abierta.
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