General Villegas: Conflicto por usurpación de vivienda
Una de las viviendas del plan “Liga amas de casa” se encuentra en disputa por dos familias. Ambas, por distintas razones, creen tener derecho sobre la propiedad.
El tema de la usurpación de viviendas de planes sociales tiene un nuevo caso en el municipio que gobierna el Intendente Gilberto Alegre.
Allí, un inmueble es disputado por dos familias que dicen tener derechos sobre el mismo. Si bien se vivieron momentos tensos, se espera que la Justicia actúe en la resolución del caso.
Según informa Villegas Digital, en el conflicto se encuentran, por un lado, Nancy Mirian Rivarola y su esposo Jorge Grammaccini, quienes fueron adjudicados con la vivienda en el año 2000 por el Instituto de la Vivienda; por el otro lado, Gisela Vanesa Aragón y a su esposo Raúl Álvarez, quienes son los actuales inquilinos de la casa.
La situación conflictiva surge a partir de que Nancy Rivarola le alquiló la casa al matrimonio Álvare-Aragón, quienes luego de habitar la propiedad desde el año 2007 son informados, según ellos mismos cuentan, desde La Plata de que Rivarola será desadjudicada como titular de la vivienda.
Este proceso sería el resultado de que, tras un censo en el 2008, se habría tomado por el hecho de que la adjudicada nunca habitó la vivienda desde que se le fue entregada en el año 2000, y además porque las casas correspondientes a planes sociales no pueden ser alquiladas. La Provincia habría realizado un expediente con la situación de los actuales moradores diciéndoles que dejaran de pagar el alquiler y que podían gestionar la adjudicación del inmueble.
Lo cierto es que el pasado viernes el matrimonio que actualmente habita la casa, al volver, se encontró con que Nancy Rivarola, junto a su hijo, habrían forzado una de las ventadas que da al frente del inmueble y habrían puesto los muebles en uno de los dormitorios. Según Rivarola, la casa “fue prestada de buena fe, no alquilada”.
La familia Álvarez explica que tienen todos los papeles del trámita de alquiler y, asesorada por el abogado Luis Tomás Correa, ha decidido que las cosas la decida la justicia y el Instituto de la Vivienda.
