Imputaron a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito: el fiscal pidió investigar su patrimonio
El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la acción penal y solicitó una batería de medidas de prueba tras una denuncia por un presunto incremento patrimonial injustificado.
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El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El representante del Ministerio Público formuló el requerimiento para avanzar con la acción penal y pidió una docena de medidas de prueba para analizar la evolución de su patrimonio.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, en la que se sostiene que el funcionario “habría incrementado su patrimonio de manera desproporcionada en relación con sus ingresos declarados”, hechos que el jefe de Gabinete negó catégoricamente.
Qué investiga la Justicia sobre el patrimonio de Adorni
Según el requerimiento fiscal, existen elementos que justifican profundizar la pesquisa. El eje está puesto en un presunto “incremento patrimonial desproporcionado”, con posibles inconsistencias entre las declaraciones juradas del funcionario.
Entre los puntos señalados en la denuncia se mencionan:
- discrepancias en la evolución de su patrimonio,
- posible omisión de activos financieros,
- depósitos en el exterior,
- y fondos cuya justificación estaría vinculada a préstamos familiares.
Uno de los datos más relevantes es que, según la presentación, el patrimonio de Adorni habría crecido hasta un 500% en un solo período fiscal, lo que motivó el pedido de investigación.
Una propiedad en la provincia de Buenos Aires, bajo la lupa
Otro de los aspectos que analiza la fiscalía es la presunta existencia de un inmueble no declarado en el Country Indio Cúa Golf Club.
De acuerdo con la denuncia, el funcionario habría estado vinculado, junto a su pareja, a la construcción de una vivienda en ese emprendimiento, que no figura en su Declaración Jurada Patrimonial Integral presentada ante la Oficina Anticorrupción.
En ese sentido, se advierte una posible discordancia con la información oficial, ya que el funcionario habría declarado solo dos propiedades, sin incluir bienes en ese country bonaerense.
Las medidas de prueba que pidió el fiscal
Para avanzar en la investigación, Pollicita solicitó doce medidas de prueba orientadas a reconstruir el patrimonio del funcionario y verificar la titularidad de bienes.
Entre los pedidos se incluyen:
- informes a registros de la propiedad de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires,
- requerimientos a la Oficina Anticorrupción sobre declaraciones juradas,
- datos a la ANSES y organismos públicos,
- información migratoria y movimientos laborales,
- y documentación sobre posibles operaciones financieras o inmobiliarias.
También se pidió información específica sobre el country en Exaltación de la Cruz, incluyendo la titularidad del lote, posibles construcciones y quién abona las expensas.
La investigación quedó ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá definir si da curso a las medidas solicitadas por la fiscalía.
Entre las posibilidades, el magistrado puede aceptar los pedidos de prueba o delegar la investigación en el propio fiscal, que quedaría a cargo de avanzar con las diligencias.
El objetivo central es determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el funcionario y su patrimonio, o si se verifican inconsistencias que justifiquen el avance de la causa judicial.
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