Javier Alonso denunció filtración de información por parte de policías desafectados a legisladores libertarios
Son 24 los efectivos acusados de usar recursos del estado con fines partidarios. “No estamos persiguiendo a nadie por lo que piensa, sino por acciones incompatibles con el uniforme”, remarcó el ministro de seguridad bonaerense.
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El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reveló detalles sobre la desafectación de 24 efectivos de la Policía Bonaerense, acusados de filtrar información sensible a legisladores y referentes del espacio libertario La Libertad Avanza, y de usar recursos estatales con fines partidarios.
Alonso explicó al medio Infobae que los oficiales desafectados “comenzaron a dar asesoramiento en seguridad”, pero también “facilitaban información a legisladores sobre operativos policiales. Se está sancionando porque desarrollaban una actividad prohibida”. Defendió la medida señalando que no se persigue por ideas: “No estamos persiguiendo a nadie por lo que piensa, sino por acciones incompatibles con el uniforme”.
Según el ministro, este grupo utilizaba oficinas y salones de comisarías para reuniones con referentes de La Libertad Avanza, liderados por el excomisario Maximiliano Bondarenko, (candidato en la tercera sección por LLA) y operaban como una “consultora política” dentro de la fuerza.
La desafectación fue motivada por una denuncia que llegó a Asuntos Internos, señalando vínculos directos entre los agentes y Bondarenko. Alonso precisó que algunos ascensos, en plazos incompatibles con la carrera salarial, refuerzan los indicios de connivencia política.
El funcionario aseguró que Bondarenko y ciertos jefes policiales comparten vínculos personales, como haber sido testigos en un juicio por usurpación en City Bell. Alonso subrayó que lo dispuesto no es un despido: los efectivos pasan a disponibilidad preventiva mientras se sustancia la investigación administrativa:
“Tienen derecho a defensa, pero ante la gravedad del caso, no podían permanecer en funciones”, sostuvo. Se trata de “una causa administrativa que protege la integridad del proceso investigativo”, remarcó.
Desde la oposición, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, criticó al gobernador Kicillof afirmando que “cesantea policías” y que hay una “persecución ideológica”. Sin embargo, Alonso reafirmó que la medida fue adoptada por incumplimiento reglamentario y no afinidad política: “El único objetivo es preservar la estructura institucional. No hay revancha ni persecución”.
El expediente se sustenta en una denuncia anónima respaldada por registros informáticos y testimonios. Participan Asuntos Internos y especialistas en delitos informáticos, y el caso podría derivar en sanciones tanto administrativas como judiciales.
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