Kicillof y cinco gobernadores afirmaron que la reforma laboral “no generará más empleo ni promoverá la formalización”
Junto con los mandatarios de Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa aseguraron que el proyecto que se debate en el Congreso “facilitará despidos y trasladará riesgos e incertidumbre hacia los trabajadores”.
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, difundió un comunicado conjunto con otros mandatarios provinciales en el que expresó el “pleno rechazo” al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y convocó a las distintas fuerzas políticas a votar en contra de la iniciativa en el Congreso.
El pronunciamiento lleva también la firma de los gobernadores de Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa, quienes cuestionaron tanto el contenido del proyecto como el contexto económico en el que se debate.
Bajo el título “Trabajo, federalismo y desarrollo: el camino hacia una verdadera modernización”, los mandatarios señalaron que reconocen la necesidad de actualizar la legislación laboral frente a los cambios tecnológicos y productivos, pero advirtieron que “ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones”.
En ese sentido, afirmaron que la propuesta oficial, presentada como un proceso de “modernización”, en realidad “debilita derechos individuales y colectivos” y se inscribe en una política económica que, según sostienen, provocó caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo.
Los gobernadores rechazaron además el argumento de que la flexibilización generará empleo. “Tal como sucedió con anteriores experimentos de flexibilización laboral, esta reforma no generará más empleo ni promoverá la formalización; por el contrario, facilitará despidos y trasladará riesgos e incertidumbre hacia los trabajadores”, advirtieron. También manifestaron preocupación por la posible legalización de mecanismos que habiliten reducciones salariales o limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad.
Otro de los ejes del documento es el carácter “antifederal” que atribuyen al proyecto. Según el comunicado, la reforma impactará directamente en las economías regionales y en las provincias productivas sin contemplar sus particularidades ni abrir instancias de diálogo con los gobiernos subnacionales. “En un país federal, las transformaciones estructurales requieren consensos amplios y respeto por la diversidad territorial”, remarcaron.
Los mandatarios plantearon que la informalidad laboral no se resuelve “recortando derechos a quienes los tienen”, sino mediante políticas activas de desarrollo productivo, incentivos a la formalización y una estrategia económica que promueva la producción y el empleo de calidad.
Además, aseguraron que desde la asunción del actual gobierno nacional se perdieron 21 mil empresas y casi 300 mil puestos de trabajo, con niveles históricamente bajos de utilización de la capacidad instalada y “por primera vez” inversión extranjera negativa.
Finalmente, Kicillof y los demás gobernadores reiteraron su rechazo al proyecto y convocaron a defender “un activo central de la sociedad argentina: el sistema de derechos sociales y laborales construido a lo largo de décadas”. Se manifestaron dispuestos a debatir una modernización laboral que amplíe derechos y promueva el trabajo formal, “en el marco del diálogo democrático y el respeto institucional”.
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