La Corte Suprema resolvió cómo se actualizarán los créditos laborales en los juicios que siguen en trámite
El máximo tribunal dejó sin efecto fallos que aplicaban el IPC más un interés anual del 3%. La decisión alcanza a los procesos que todavía no tienen sentencia definitiva. Deberán adecuarse al régimen previsto en la Ley de Modernización Laboral.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el nuevo régimen de actualización de créditos laborales debe aplicarse a los juicios que todavía no cuentan con sentencia definitiva. El máximo tribunal dejó sin efecto pronunciamientos que habían ordenado calcular las deudas mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés anual del 3%.
La decisión fue adoptada el 5 de noviembre, en la causa "Cabana Opanasiuk, Leonardo c/ UNIR S.A. y otros s/ Despido" y expedientes acumulados. El fallo toma como referencia el artículo 55 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que establece nuevas pautas para actualizar los créditos laborales en los procesos judiciales pendientes.
El caso llegó a la Corte luego de que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declarara inconstitucionales las leyes que prohíben la actualización monetaria y dispusiera aplicar el IPC más un interés del 3% anual. Las empresas demandadas cuestionaron esas resoluciones mediante recursos extraordinarios.
Al analizar el planteo, los jueces señalaron que los tribunales deben resolver teniendo en cuenta las circunstancias vigentes al momento de dictar sentencia, incluso cuando se producen cambios durante el desarrollo del proceso.
En ese sentido, consideraron que la entrada en vigencia de la Ley 27.802 modificó el marco normativo que debía aplicarse a esos expedientes. El artículo 55 establece que los créditos laborales en juicios sin sentencia definitiva deben actualizarse mediante intereses moratorios calculados según la tasa pasiva del Banco Central.
Además, fija límites para el resultado de esa actualización: no puede superar el capital histórico actualizado por el IPC más un interés del 3% anual ni quedar por debajo del 67% de ese cálculo.
La Corte entendió que estas disposiciones son operativas y de aplicación obligatoria, incluso de oficio, en los procesos alcanzados por la norma. Por ese motivo, consideró que ya no correspondía pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes anteriores que prohibían la actualización monetaria.
Finalmente, siguiendo el criterio establecido en el precedente "Peso", dejó sin efecto las decisiones cuestionadas y ordenó devolver los expedientes a los tribunales de origen para que dicten nuevos fallos de acuerdo con la legislación vigente.
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