La jueza del escándalo: Sindicato de Judiciales bonaerenses pide que no se acepte la renuncia de Julieta Makintach
Desde la AJB, recalcaron que "el juicio político no se agota en la remoción del cargo, sino que cumple una función esencial" que es "la rendición de cuentas ante la sociedad".
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La Asociación Judicial Bonaerense presentó una nota al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, para solicitar formalmente que se rechace la renuncia de Julieta Makintach, jueza del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Isidro, involucrada en el escándalo del documental del juicio por la muerte de Diego Maradona.
“Makintach fue denunciada y licenciada de manera compulsiva por la Suprema Corte de Justicia de la provincia, tras los graves hechos ocurridos durante el juicio oral que investigaba las circunstancias previas a la muerte de Diego Armando Maradona. La gravedad de su accionar derivó en la anulación del proceso oral, con el consecuente escándalo público y daño a la credibilidad del Poder Judicial”, recordaron desde la AJB.
A su vez, indicaron que “el Jurado de Enjuiciamiento intervino de forma inmediata, admitiendo su competencia y dando inicio al proceso que, de continuar, podría concluir con la destitución de la magistrada. Frente a esta situación, Makintach presentó su renuncia con la evidente expectativa de eludir el proceso de remoción”.
“Desde nuestro sindicato, comprometido con la defensa del fortalecimiento de la justicia y la independencia del Poder Judicial, entendemos que es imprescindible garantizar el juzgamiento político de su conducta. Permitir que una jueza en proceso de enjuiciamiento evada esa instancia mediante la renuncia sería consagrar la impunidad institucional, en perjuicio del interés público y del principio de responsabilidad de quienes ejercen funciones judiciales”, prosiguieron.
Y agregaron: “Sostenemos que el gobernador de la provincia tiene la potestad de no aceptar esta renuncia, aun cuando no se haya alcanzado la etapa en la que la ley prohíbe expresamente su aceptación. Mientras no sea aceptada, la jueza continúa sujeta al proceso de remoción y a todas las obligaciones de su cargo”.
Además, recordaron que “el juicio político no se agota en la remoción del cargo, sino que cumple una función esencial en el marco del sistema republicano: la rendición de cuentas ante la sociedad. Esa responsabilidad no se sustituye con un proceso penal, ya que el juicio político posee naturaleza y fines propios”.
“Tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la renuncia de una magistrada es un acto complejo que requiere de la aceptación expresa por parte del Poder Ejecutivo para ser válida. No se trata de un trámite automático, sino de un acto que debe evaluarse con seriedad y en función del interés público”, señalaron.
Asimismo plantearon que “rechazar esta renuncia no sólo preserva la integridad institucional del Poder Judicial, sino que además impide que la magistrada pueda volver a ejercer funciones públicas en caso de ser destituida. Por el contrario, su aceptación abriría la puerta a ese eventual regreso”.
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