La Justicia dictó una cautelar y ordenó a AySA garantizar el servicio y las obras en 26 municipios bonaerenses
La resolución judicial responde a una acción preventiva de daños iniciada por la Defensoría del Pueblo bonaerense. El gobierno pretende concesionar el 90% de la empresa, hoy en manos estatales. Desde el órgano provincial advierten que el proceso privatizador podría derivar en un "deterioro de los servicios esenciales o en el abandono de trabajos planificados”.
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El Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, el cual está encabezado por el juez Mariano López, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia el cual frena cualquier intento de recortar inversiones, postergar obras críticas o flexibilizar los controles de calidad del agua.
La medida fue iniciada como “acción preventiva de daños” por el organismo dirigido por Guido Lorenzino ante el intento de privatización por parte del gobierno nacional.
“Los habitantes de 26 municipios de la provincia de Buenos Aires mantendrán plenamente resguardadas las garantías sobre el acceso al agua potable y el saneamiento ambiental”, señalaron desde la Defensoría. Esto abarca a Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Merlo, Moreno, Morón, Presidente Perón, Tres de Febrero, Escobar, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López.
La medida cautelar de no innovar obliga a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) a abstenerse de reducir o alterar sus obligaciones operativas y de infraestructura.
El organismo solicitó la intervención de los tribunales “frente al riesgo inminente de que el actual proceso de reestructuración y privatización de la firma prestataria derivara en un deterioro de los servicios esenciales o en el abandono de trabajos planificados”.
La idea del gobierno de Javier Milei se da en el marco de un nuevo esquema contractual lanzado en mayo de 2026, en el cual el Ministerio de Economía de la Nación, encabezado por Luis Caputo, autorizó el llamado a Licitación Pública para vender el 90% del paquete accionario de AySA a un operador estratégico. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.
Ante este panorama, la Defensoría alertó que el nuevo diseño tendía, en un análisis preliminar, a reducir exigencias regulatorias y diferir compromisos previamente asumidos.
En abril de este año, el Gobierno aprobó los contratos de concesión y transferencia de acciones para el proceso de privatización, a través de la resolución 543/2026.
El contrato aprobado establece que la concesión tendrá un plazo de 30 años, donde la empresa queda obligada a avanzar con el Plan de Acción de Transición 2024/26 hasta fin de año. Además, deberá incorporar al primer ciclo tarifario (2027/31) las metas y obligaciones que no se cumplan en ese período. La iniciativa también prioriza la continuidad del servicio.
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