La Justicia frenó los cambios del Gobierno nacional en el INTI
Se trata de otro fallo de Martina Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2.
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La Justicia federal solicitó a la administración de Milei que se abstenga de realizar los cambios administrativos dispuestos en el Decreto 462/2025 sobre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
La medida cautelar fue presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). La decisión fue festejada por el titular del gremio, Rodolfo Aguiar: “Luchar sirve! El INTI no se toca!!”. Y continuó: “Presidente Milei, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va poder. Federico Sturzennegger te digo que son bastante inútiles eh. Ni las facultades delegadas supieron utilizar. Uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos”, advirtió el líder gremial.
A raíz del decreto 462/2025, publicado a inicios de julio, el Ejecutivo había ordenado una reconfiguración del organismo en el marco de una serie de reformas que también contemplaron disoluciones y fusiones.
Pero la jueza Martina Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2, hizo lugar a la cautelar, y la medida será efectiva por el plazo de seis meses. Un revés para la gestión de La Libertad Avanza. Se trata de la misma jueza que también frenó los cambios en Vialidad Nacional y suspendió el decreto que preveía su disolución.
Según detalló el vocero Manuel Adorni, el instituto iba a dejar de operar como organismo descentralizado para pasar a ser una “unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio”. La medida fue justificada en que se habría detectado “una estructura sobredimensionada, con áreas administrativas superpuestas y escasa articulación entre funciones estratégicas y las necesidades reales del sector industrial”.
La jueza Forns detalló en el fallo que “se justifica el dictado de una medida cautelar de no innovar” con el objetivo de “evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”. Así, exigió al Gobierno “que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del decreto N°462/2025” por el plazo de seis meses.
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