La Justicia le prohibió al Gobierno de Milei avanzar en la eliminación de programas de violencia de género
La resolución emitida este viernes, obedece a una acción judicial iniciada por organizaciones feministas. Los detalles.
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La resolución de la Justicia fue emitida este viernes, el mismo día que el Gobierno Nacional anunció que pretende avanzar en la modificación del Código Penal para eliminar la figura de femicidio. La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal prohibió al Ejecutivo a cargo de Javier Milei, recortar políticas de género.
A través de la resolución 11167/2027 publicada por la Sala Feria A de dicha cámara, se le prohíbe al Ejecutivo nacional recortar o eliminar los programas destinados a la prevención y asistencia de mujeres y niños víctimas de violencia de género.
La medida responde a una apelación que hizo la administración libertaria a una cautelar que la Justicia había dictaminado en diciembre, a partir de una acción judicial iniciada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos, La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Mujeres x Mujeres y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer. Radicaron una denuncia en junio del 2024, en el marco del plan de ajuste y vaciamiento del Estado que lleva a cabo La Libertad Avanza.
En concreto, demandan certezas sobre cuál será el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones legales del Estado Nacional en materia de violencias; cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes y, sobre todo, cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas mediante normativas y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido.
En ese contexto, justamente, la parte actora requirió el otorgamiento de una medida cautelar de no innovar que ordenará que el “Ministerio de Justicia y al Poder Ejecutivo Nacional se abstengan de efectuar reducción de recursos humanos y de infraestructura institucional afectada a labores dependientes de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia".
La Justicia ya había reconocido formalmente la legitimación de las organizaciones para representar al colectivo de mujeres, niñas y adolescentes, víctimas y potenciales víctimas de violencia de género en estado de vulnerabilidad múltiple, y había ordenado que se inscribiera la acción en el Registro de Procesos Colectivos.
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