La Legislatura bonaerense aprobó la “Ley Joaquín", que garantiza espacios deportivos y recreativos seguros para evitar tragedias
Se exigirá a establecimientos públicos y privados con espacios de práctica deportiva las medidas de seguridad de anclaje y contrapeso para estructuras. El nombre de la ley proviene del caso del chico Joaquín Stefano Gatto, fallecido cuando un arco se le cayó encima, en enero de este año.
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El Senado bonaerense aprobó la denominada “Ley Joaquín”, que establece medidas obligatorias de seguridad para arcos deportivos, juegos infantiles y otras estructuras presentes en plazas, escuelas, clubes, colonias de vacaciones y polideportivos.
La norma surgió tras el fallecimiento de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que vivía en Ramos Mejía, y murió en enero de este año, luego de que un arco de fútbol sin fijación cayera sobre él durante un campamento en Junín de los Andes, provincia de Neuquén. A partir de ese hecho, se impulsó un proyecto para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir.
El proyecto establece la obligatoriedad de sistemas de anclaje, contrapesos y sujeción para arcos y estructuras deportivas que pesen más de 20 kilos, además de protectores acolchonados y certificaciones técnicas realizadas por profesionales matriculados. Además, los aros de básquet móviles deberán contar con contrapesos que garanticen su estabilidad.
La normativa también establece que los elementos desmontables deberán almacenarse de manera segura cuando no estén en uso, mientras que los arcos tendrán que permanecer apoyados en posición horizontal si no están correctamente fijados. Asimismo, será obligatorio colocar protecciones acolchonadas en columnas, postes, paredes y otras superficies que puedan representar un riesgo para quienes utilicen estos espacios.
Otro de los puntos centrales es la implementación de controles periódicos. Las instalaciones deberán ser inspeccionadas por profesionales matriculados, quienes emitirán un certificado de aptitud que deberá exhibirse en un lugar visible para acreditar que el predio cumple con las condiciones de seguridad exigidas.
La responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de la ley recaerá sobre los municipios, que actuarán como autoridad de aplicación. Entre sus funciones estarán realizar inspecciones, promover campañas de concientización y aplicar sanciones a las instituciones que incumplan las nuevas obligaciones.
La ley alcanza tanto a establecimientos públicos como privados, incluyendo clubes, escuelas, sociedades de fomento, plazas, polideportivos y colonias de vacaciones. Las entidades comprendidas tendrán un plazo de un año para adecuar sus instalaciones, período que podrá extenderse por un año más si así lo establece la reglamentación.
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