Por Christian Thomsen Hall

 

Luego de ganar las elecciones legislativas del pasado 14 de noviembre, con triunfos en las categorías a diputado nacional y diputados y senadores provinciales, muchos creían que Juntos por el Cambio cobraría gran potencia en la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, poco más de un mes después de aquella victoria, la mayor fuerza de la oposición se fue al pasto. Así fue que en los últimos siete días, el espacio que componen larretistas, vidalistas y radicales en territorio bonaerense protagonizaron su semana más caliginosa en términos de gestión. 

 

Para comprender el contexto, es necesario recordar que actualmente Juntos por el Cambio no cuenta con un liderazgo claro y su espacio atraviesa una crisis de conducción. Mauricio Macri es observado como aquel viejo león que para muchos alguna vez fue líder de la manada pero que hoy pocos respetan. Su primo y presidente del PRO bonaerense, Jorge Macri, ya ni siquiera cumple funciones en ese territorio: se tomó licencia en la Intendencia de Vicente López para asumir como ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, la exgobernadora María Eugenia Vidal pasó de ser “orgullosamente bonaerense” a ser diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que la máxima figura del PRO en la Provincia hoy parece ser Diego “el Colo” Santilli, el porteño enviado hace 15 minutos por Horacio Rodríguez Larreta para colonizar aquellas tierras situadas cruzando la General Paz. 

 

En medio de este berenjenal, los dirigentes de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires juegan a ser oposición sin tener en cuenta que la falta de reglas claras podría hacerles perder la partida. 

 

 

En este marco, el bochorno más grande tuvo lugar el pasado martes 28 de diciembre en la Legislatura bonaerense. Allí, el republicanismo de la oposición se fue al tacho luego de que los legisladores de Juntos por el Cambio tiraron a la basura la ley sancionada por ellos mismos durante el Gobierno de Vidal, que en su momento fue aprobada con el apoyo del massismo, y que había sepultado el mandato indefinido de los intendentes bonaerenses. 

 

Durante la votación no hubo grietas con el kirchnerismo y todos juntos -oficialismo y oposición- habilitaron a 90 intendentes bonaerenses a volver a presentarse como candidatos en 2023. De esta manera todos tendrán un período más: intendentes, senadores, diputados, concejales y hasta consejeros escolares. Un interminable contingente de personas que ocupan puestos de poder y muy bien remunerados. 

 

Sin chances de seguir atornillados en sus despachos estaban los barones del Conurbano, que por las dudas habían comenzado a ejecutar un plan B: pedir licencia para esquivar la ley. La maniobra era una pícara vía de escape que les había dejado la reglamentación de la normativa y que fue aprovechada hasta por los propios alcaldes del PRO. Sin embargo, Juntos por el Cambio acompañó la modificación en la ley y dio luz verde para que históricos intendentes peronistas vuelvan a tener la chance en 2023 de renovar su mandato por otro período más. 

 

A cargo de la redacción de esa ley sancionada en 2016 estuvo Joaquín De la Torre, exintendente de San Miguel y exministro de Vidal, -el más cercano a la exmandataria-. En su actual rol como senador, encabezó ahora la movida contra la ley que él mismo había impulsado. La medida fue apoyada por los intendentes radicales que responden al presidente de la UCR bonaerense, Maximialno Abad. Y fue acordada con el Intendente en licencia de Lomas de Zamora y actual Jefe de Gabinete de Ministros del gobierno de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, el antiguo referente de Cristina en la Provincia y hoy intérprete oficial de las decisiones de Máximo Kirchner en territorio bonaerense.   

 

De esta manera, Juntos por el Cambio rompió el pacto moral que mantenía con su electorado y solo ellos sabrán cómo repercutirá esta decisión en el futuro. Lo concreto es que la polémica maniobra fue cuestionada hasta por el propio expresidente Mauricio Macri, quien criticó a quienes apoyaron la modificación de la ley. “La sociedad nos está mirando con mucha atención. Nosotros vivimos diciéndoles a los argentinos que 'no somos iguales' a los kirchneristas. Bueno, eso hay que demostrarlo todos los días. Respetando, por ejemplo, las leyes impulsadas por nosotros mismos que limitan los mandatos de intendentes y concejales”, lanzó con dureza a través de una extensa carta publicada en sus redes sociales. 

 

 

Sin embargo, este no fue el único papelón que la oposición protagonizó durante los últimos días. La diputada provincial por el partido Fe, Natalia Sánchez Jáuregui, quien asumió su banca en 2019 dentro de la lista de Juntos por el Cambio, sorprendió a todo el arco de la política al saltar hacia el Frente de Todos, convirtiendo al bloque kirchnerista en la primera minoría de la Legislatura bonaerense.

 

De carrera gremial bajo el ala del fallecido sindicalista Gerónimo “Momo” Venegas, la legisladora oriunda de Necochea comenzó su camino militando, años atrás, en las filas del PJ bonaerense, junto a Martín Insaurralde, uno de los responsables de su jugada. En medio del escándalo, la referente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) confesó que no se siente "una traidora", tal como la acusaron. Sin sonrojarse, habló de sus “valiosas convicciones” y aseguró que "sería traidora si traicionara los principios de defender a los trabajadores de la Provincia”.

 

Por si fuera poco, la accidentada semana de Juntos por el Cambio sumó otro capítulo el lunes 27 de diciembre cuando la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó ante la Justicia una denuncia contra funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal luego del hallazgo de videos donde se observa al ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, afirmar que quería crear “una Gestapo” para perseguir a opositores mediante el armado de causas judiciales.

 

"Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría", fue la frase que lanzó Villegas de acuerdo a lo que señaló la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. "Los videos muestran esta reunión del 15 de junio de 2017, donde hay mesa judicial de la provincia de Buenos Aires armada por la mafia de Vidal", aseguró al referirse al material que encontraron dentro de la institución, al hacer una limpieza de los discos duros.

 

Según detalló Caamaño, de esa reunión participó el entonces ministro de Trabajo bonaerense (Marcelo Villegas), el ministro de Infraestructura (Roberto Gigante) y el exsubsecretario de Justicia de la Provincia (Adrián Grassi), además de un senador (Juan Pablo Allan), el intendente de La Plata (Julio Garro), y cinco empresarios.

 

Un día después de la denuncia, Villegas salió a pedir disculpas aunque calificó de “ilegal” la grabación que fue presentada ante la Justicia por el Gobierno actual como prueba de la existencia de una “mesa judicial” y confirmó que se presentará ante la Justicia “a dar las explicaciones que correspondan”. 

 

 

Por último, el que se sumó a los autitos chocadores de Juntos por el Cambio este fin de semana fue el Intendente de Pinamar, Martín Yeza. El alcalde ya arrastraba dolores de cabeza tras ser citado por la Justicia por supuesta responsabilidad en maniobras fraudulentas millonarias cometidas con tarjetas Alimentar, causa por la que están procesadas y detenidas cuatro personas, entre ellas una exempleada de ese municipio.

 

Este domingo el jefe comunal del PRO tuvo poco tino al lanzar unos "simpáticos" mensajes en su cuenta de Twitter, su red social favorita donde se siente como pez en el agua. El alcalde ensayó una "divertida" catarata de publicaciones distendidas, en donde saludó a Ricardo López Murphy, mostró fotos con su hijo y hasta bromeó con algunas series de Netflix. Todo parecería divertido si no fuera porque en Pinamar dos turistas fallecieron en apenas tres días como consecuencia de distintos accidentes por la utilización de cuatriciclos. 

 

No es una novedad que en la zona de médanos donde se registraron los hechos se advierten a diario distintas irregularidades, maniobras riesgosas y decisiones de mayores sumamente peligrosas, como por ejemplo darle el volante a menores de edad o conducir sosteniendo a un bebé con un brazo. Eso al margen del escaso uso de cascos o de vehículos que circulan sin patente, producto de la falta de controles. De nada de eso habló Yeza en sus redes sociales donde tiene una presencia muy activa, demostrando una vez más el alejamiento que tienen algunos alcaldes con la realidad de sus distritos. 

Mientras tanto en la realidad. pic.twitter.com/TIwV3ttk3C

— Manuel (@Manuelafuente1) January 2, 2022

Así las cosas, mientras la oposición se sigue autoflagelando y el oficialismo saborea las mieles de su torpeza, la agenda de la gente deberá seguir postergada hasta que los políticos terminen de resolver cosas más importantes: sus propios beneficios. 

 

Ni el asesinato de una chica de 17 años de un balazo en la nuca durante un robo en Lomas de Zamora; ni el conductor detenido en Avellaneda por atropellar y matar a una ciclista; ni el brutal ataque a dos médicos en el Hospital de Pacheco como consecuencia del desborde en la Salud parecen inquietar a los gobernantes. A nadie se le ocurrirá planear soluciones contra la inseguridad, ninguno pensará en actualizar urgente la Ley Nacional de Tránsito para endurecer las penas de los asesinos al volante, y no existirá aquel que apuntará a descomprimir el colapsado sistema sanitario. 

 

Eso sí, tanto intendentes como concejales y legisladores podrán buscar la re-reelección en 2023. Y eso no solo es responsabilidad del peronismo, partido al que le atribuyen la falta de alternancia en el gobierno. También es gracias a Juntos por el Cambio, ese espacio político que dice ser una cosa pero que al momento de gestionar, es otra.