La privatización avanza: El Gobierno Nacional convocó a una audiencia pública para tratar el futuro de la Ruta 226
La cita será el 11 de junio en San Miguel del Monte. Son 400 km de la RN226 que van desde Mar del Plata hasta Bolívar pasando por la zona serrana de Balcarce, Tandil y Olavarría
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En el marco del plan de privatización impulsado por el Gobierno nacional, la Dirección Nacional de Vialidad convocó a una audiencia pública para tratar el futuro de la concesión de la Ruta Nacional 226. Será el próximo 11 de junio en el Centro Cultural Municipal Poeta Enrique Uzal, en San Miguel del Monte, y tendrá carácter no vinculante.
El encuentro fue oficializado a través de la resolución 827/2025 y forma parte del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales S.A., encargada actualmente de la operación y mantenimiento de esta ruta y de otros corredores viales del país. La intención del Ejecutivo es disolver dicha sociedad estatal y abrir un llamado a licitación para transferir la concesión al sector privado.
El tramo en cuestión abarca desde el kilómetro 0 (empalme con la Ruta 2 en Mar del Plata) hasta el kilómetro 404,32, en el empalme con la Ruta 65, en Bolívar. Este sector es considerado por el Gobierno como una vía estratégica por su rol en la conectividad del sudeste bonaerense, articulando regiones productivas, industriales y turísticas. A lo largo de su trazado, la Ruta 226 conecta localidades clave como Balcarce, Tandil y Olavarría.
“El tramo atlántico representa un corredor vial de gran relevancia para la articulación territorial, económica y productiva del centro-sur bonaerense”, destacó Vialidad Nacional en el comunicado oficial.
La audiencia permitirá que ciudadanos, autoridades y organizaciones expresen sus opiniones sobre el proceso. Los interesados podrán inscribirse hasta el 9 de junio, con posibilidad de participación virtual, siempre que las condiciones técnicas del lugar lo permitan.
Según el Gobierno de Javier Milei, Corredores Viales S.A., registró en 2023 un resultado negativo de más de $142 mil millones y pérdidas acumuladas por $268 mil millones. Desde la administración libertaria aseguran que esas operaciones fueron sostenidas mediante transferencias del Tesoro Nacional, por un total superior a los $301 mil millones.
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