Más polémica: hubo lluvia de créditos millonarios del Banco Nación a funcionarios de LLA y varios salieron a defenderse
La información surge de registros del Banco Central y generó un fuerte cruce político. En algunos casos, los montos alcanzan los 350 mil dólares. Desde el oficialismo aseguran que no hubo privilegios. La oposición presentó un pedido de informes.
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Un nuevo foco de polémica sacude a La Libertad Avanza tras conocerse que un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas accedieron a créditos hipotecarios millonarios en el Banco Nación, con montos que en algunos casos alcanzan los 350 mil dólares.
Los datos provienen de la Central de Deudores del Banco Central y fueron difundidos por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, que monitorea la evolución patrimonial de personas políticamente expuestas. A partir de esa información, se detectó que varios integrantes del oficialismo tomaron préstamos en la principal entidad bancaria pública del país.
Entre los casos más relevantes aparecen Juan Pedro Inchauspe, director del BCRA, y Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía y director del BICE, quienes accedieron a créditos equivalentes a unos US$ 350.000. Más atrás figura el actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un préstamo cercano a los US$ 276.000.
También se suma Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF, con un crédito superior a los US$ 200.000, y Juan Pablo Carreira, funcionario vinculado al área de comunicación digital del Gobierno, con un monto menor, aunque igualmente significativo.
El listado incluye además a varios diputados nacionales de La Libertad Avanza. Entre ellos, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni, con préstamos que van desde los US$ 145.000 hasta más de US$ 240.000, según el momento de adjudicación.
Desde el Banco Nación salieron a despegarse de cualquier irregularidad. Aseguraron que todos los créditos fueron otorgados bajo las mismas condiciones que rigen para cualquier cliente, sin excepciones ni beneficios especiales, y que los solicitantes cumplieron con los criterios de evaluación crediticia.
Sin embargo, la oposición puso el foco en un posible trato preferencial y exigió explicaciones públicas. El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido formal para que el banco informe si hubo controles sobre eventuales conflictos de interés o un exceso en la asistencia crediticia a funcionarios.
En medio del escándalo, algunos de los legisladores involucrados salieron a defenderse. Mariano Campero calificó de “maliciosas” las acusaciones y afirmó que se trata de “una línea de crédito abierta a cualquier ciudadano que califique”. En la misma línea, Alejandro Bongiovanni sostuvo que no recibió ningún beneficio y cuestionó las críticas al asegurar que “es insólito presentar un crédito hipotecario como un privilegio”.
El tema también reaviva el debate sobre el rol del banco público en la gestión libertaria. Es que el Gobierno de Javier Milei viene impulsando un fuerte proceso de ajuste sobre el Banco Nación, que incluyó el cierre de al menos 60 sucursales en todo el país, en el marco de un plan de reducción de gastos y reorganización interna de la entidad. En ese contexto, la polémica por los créditos a funcionarios suma ruido político sobre el manejo de una institución clave que el oficialismo busca reformular.
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