Máximo Kirchner propone un impuesto del 3,5% a transferencias de dólares al exterior para frenar la fuga de capitales
El diputado nacional alertó que entre abril y agosto "se fugaron 18 mil millones”. Según explicó, el Estado podría reinvertir lo recaudado en salud, educación, seguridad social, municipios y provincias
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El diputado nacional Máximo Kirchner adelantó que presentará un proyecto de ley para crear un Impuesto a las Grandes Transferencias Internacionales de Capital (IGTIC), que aplicaría una tasa de entre el 3% y el 3,5% sobre el envío de grandes sumas de dólares al exterior. Según explicó, el objetivo de la iniciativa es “ponerle un freno a la fuga de capitales que perjudica a los argentinos”.
“Entre abril y agosto de este año se fugaron 18 mil millones de dólares”, alertó Kirchner. En ese marco, sostuvo que la medida busca “generar las mayorías necesarias para penalizar este tipo de maniobras”, y advirtió que “la fuga acelerada y desregulación total que se acelera en la Argentina de Milei y Caputo amenaza la estabilidad económica y la soberanía financiera del país”.
El legislador, impulsor del impuesto extraordinario a las grandes fortunas durante la pandemia, indicó que el nuevo tributo recaería principalmente sobre empresas, aunque también podría alcanzar a personas físicas que realicen transferencias significativas de divisas al exterior.
Kirchner explicó que si se aplicara una alícuota del 3%, el Estado podría recaudar unos 540 millones de dólares, que se destinarían a reforzar áreas como la seguridad social, la salud y la asistencia a las provincias. “Tenemos que empezar a idear la salida porque tengo la plena convicción de que vamos a lograr recuperar nuestro país”, expresó.
“No castiga al que invierte ni al que importa: corrige la desigualdad estructural de quienes se llevan la riqueza sin dejar valor”, señalaron.
Los fondos recaudados se asignarían con destino específico:
Salud: hospitales nacionales como el Garrahan y los centros SAMIC.
Educación: universidades públicas, becas, infraestructura y salarios docentes.
Seguridad social: ANSES, jubilaciones, PAMI y políticas de discapacidad.
Provincias y municipios: obras de salud, educación, vivienda y vialidad, con posibilidad de destinar una parte a recomposición salarial del personal estatal.
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