Municipalidad de San Martín: se ordenó un nuevo allanamiento en el marco de la causa por presunta defraudación del Estado
La Justicia Federal investiga un caso que se asemeja al de "Chocolate" Rigau en La Plata. En un principio se detectaron "10 empleados fantasmas". Ahora sospechan que pueden ser alrededor de 800. El intendente tiene prohibido salir del país.
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La Policía Federal Argentina (PFA) volvió a allanar este miércoles el edificio municipal y secuestró 450 registros y recibos de sueldos de empleados, aunque no pudieron dar con la totalidad de los legajos solicitados por la Justicia.
La causa está a cargo de la jueza federal Alicia Vence y le dio un plazo de 48 horas al Ejecutivo conducido por Fernando Moreira (sobre quién pesa una prohibición para salir del país), para que entregue la documentación restante que se encontraba en otro edificio.
La división Antifraude de la PFA fue recibida en la sede municipal por Ramón Fernando Vidal, subsecretario de Control Legal y Técnico de la comuna. En esas circunstancias llevó a cabo el procedimiento en el marco de la causa que se asemeja al caso de “Chocalate” Rigau en la Legislatura Bonaerense.
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Las similitudes se trazaron desde el inicio de la investigación en diciembre del año pasado, cuando un hombre denunció que se había interrumpido el pago que percibía por un plan social del ministerio de Desarrollo Social.
En ese contexto se supo que además cobraba la suma de 300 mil pesos mensuales como empleado de la intendencia de San Martín lo que resulta incompatible con recibir un plan social. Sin embargo, el denunciante negó trabajar para la comuna.
La denuncia judicial sobrevino luego de que en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le informaran que tenía un trabajo en el municipio y tras resultar infructuosos sus intentos por recibir una respuesta por parte de la comuna.
En su declaración ante el Ministerio Público recordó que, en mayo de 2023, un primo le había pedido las fotocopias de su DNI ante la posibilidad de ser contratado de forma temporal en el Municipio de San Martín para realizar “pegatinas” de carteles.
Según detalló ante la Justicia, su primo le había dicho que le pagarían la suma de $5000 por día. Sin embargo, nunca lo llamaron y no recibió más noticias del ofrecimiento laboral que recordó cuando en el organismo previsional le informaron que había dejado de percibir el plan social por figurar como empleado municipal.
Así también se conoció que un empleado del Concejo Deliberante de General San Martín cobraba con varias tarjetas de débito de presuntos trabajadores municipales inexistentes. En principio la jueza Vence inició las pesquisas a partir de un listado de 10 nombres en la misma situación. Sin embargo, según detalla Infobae, ahora sospechan que pueden ser alrededor de 800 los “empleados fantasmas”.
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Luego del primer allanamiento realizado el pasado 17 de mayo, los bloques de la oposición local expresaron su preocupación y pedido de rápido esclarecimiento de la causa judicial que recae sobre el intendente peronista y otros funcionarios; acusados de defraudación al Estado.
De hecho la prohibición de salir del país que la jueza federal estableció para el jefe comunal es extensiva a otras personas que serían empleados del municipio: José María Fernández, Héctor Rey, Lorena Altamira y Marta Beatriz Pastor. Todos deben presentarse en el juzgado del 1 al 5 de cada mes.
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