Por qué el Ejecutivo observó el presupuesto de Diputados y abrió un debate constitucional en la Provincia
No se trata del Presupuesto bonaerense ni del gasto del Estado provincial. El conflicto que se abrió en la Legislatura tiene como eje el presupuesto interno de funcionamiento de la Cámara de Diputados: el dinero que necesita para pagar sueldos, contratos y sostener su estructura administrativa. Aunque el Gobierno de Kicillof respetó el monto aprobado, observó artículos que cambiaban la forma en que esos fondos llegan a la Cámara, y eso activó un debate institucional de fondo.
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El gobernador Axel Kicillof promulgó la Ley 15.560, sancionada el 26 de noviembre, en la que se reguló el presupuesto de la Cámara baja bonaerense, pero observó los artículos 14, 15, 16 y 17, que introducían un nuevo esquema de transferencias automáticas y diarias a través del Banco Provincia. La decisión quedó formalizada por decreto y reavivó una discusión jurídica: si el Poder Ejecutivo puede objetar partes de una ley vinculada al presupuesto legislativo, aun cuando la Constitución bonaerense establece que ese presupuesto “no podrá ser vetado”.
Cabe aclarar en este punto que hasta ahora, los fondos de la Legislatura se giran a través del ministerio de Economía, dentro del sistema general de administración financiera de la Provincia. Y es que las modificaciones introducidaas en el proyecto original, en los hechos, producen cambios a la Ley 10.426 de Procedimientos Contables de la Cámara de Diputados. Es decir, los artículos observados proponían otra cosa: transferencias automáticas de frecuencia diaria, calculadas de manera proporcional sobre los ingresos provinciales de libre disponibilidad, con intervención del Banco Provincia y la posibilidad de que actúe el Tribunal de Cuentas ante incumplimientos.
En términos simples, la Cámara baja buscó asegurarse un flujo diario y directo de recursos, sin depender del esquema tradicional. El Ejecutivo, en cambio, entiende que ese cambio no es presupuestario, sino que avanza sobre el subsistema de Tesorería, una competencia propia del Poder Ejecutivo.
La postura del Ejecutivo
En el decreto, el Gobierno sostiene que la autonomía del Poder Legislativo no está en discusión, pero que esa autonomía no habilita a modificar el circuito financiero del Estado. El argumento central es que un giro automático y diario, basado en ingresos estimados, podría ejecutar gastos como si los recursos ya estuvieran efectivamente percibidos, algo que —según el Ejecutivo— rompe con las reglas de la administración financiera.
Además, el Ejecutivo advierte que darle a Diputados un régimen diferencial respecto del Senado y del resto del Estado afecta el equilibrio entre poderes. En ese sentido, subraya que el Senado no modificó el mecanismo de transferencias y, por eso, su presupuesto fue promulgado sin observaciones.
El decreto también contextualiza la decisión en un escenario de crisis económica, caída de ingresos y corte de transferencias nacionales, y plantea la necesidad de preservar una administración centralizada y flexible de la caja provincial.
La mirada de Diputados
Desde la Cámara baja, el planteo parte de una situación concreta: atrasos acumulados en los giros, que en algunos casos superan varios meses. Ese antecedente es clave para entender el reclamo. La Provincia viene de dos años sin presupuesto aprobado, durante los cuales la administración funcionó con prórrogas, y recién en 2025 se sancionó un nuevo presupuesto para el periodo 2026, lo que sumado al endeudamiento, permite inferir que el Ejecutivo tenga más resto para enfrentar sus obligaciones.
En ese contexto, no es extraño que Diputados busque asegurar un flujo diario para contar con previsibilidad para funcionar y evitar que la Cámara vuelva a quedar desfinanciada. El argumento se apoya en la autonomía del Poder Legislativo y en su facultad para organizar su funcionamiento interno.
El nudo jurídico: Constitución vs. reglas internas
El debate de fondo es institucional.
Dicho de otro modo, la discusión no es cuánta plata tiene Diputados, sino quién controla el camino que recorre ese dinero.
El punto menos visible del conflicto: qué pasa con los intereses del dinero
Más allá del debate constitucional, el cambio en el sistema de transferencias tiene un efecto financiero concreto. Un esquema de giros automáticos y diarios implica que los fondos ingresen antes a las cuentas de la Cámara de Diputados y permanezcan allí durante más tiempo hasta su ejecución efectiva.
En el sistema vigente, esos recursos permanecen dentro de la Tesorería provincial, integrados a la cuenta única del Tesoro. Con el mecanismo impulsado por Diputados, el dinero saldría antes de la caja central, lo que —en un contexto de atrasos en los pagos— abre una discusión sobre el manejo financiero de los fondos y los intereses que puedan generarse fuera del circuito general de administración provincial.
Desde el Ejecutivo señalan este punto como una alteración del régimen financiero vigente, mientras que desde Diputados lo justifican como una herramienta para garantizar previsibilidad ante los retrasos en los giros.
Qué puede pasar ahora
La Cámara de Diputados tiene dos caminos:
- Insistir con los artículos observados, para lo cual necesita una mayoría especial de dos tercios.
- Judicializar el conflicto, lo que involucraría a los tres poderes del Estado y podría escalar a instancias superiores.
El conflicto deja planteada una discusión que excede el episodio puntual del presupuesto de la Cámara de Diputados. En el fondo, lo que se debate es cómo se equilibran la autonomía financiera del Poder Legislativo y las atribuciones del Poder Ejecutivo para administrar los recursos públicos, especialmente en un contexto de restricciones económicas, atrasos en los pagos y tensiones políticas internas.
Mientras tanto, el caso expone una zona gris del funcionamiento institucional bonaerense y vuelve a poner en primer plano una pregunta clave: hasta dónde llegan las facultades de cada poder cuando el presupuesto se convierte en un terreno de disputa política y constitucional.
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