Presentan un proyecto para eliminar los celulares en las cárceles bonaerenses: “parecen un call center del delito”
El legislador libertario Oscar Liberman la denominó “Ley Rodrigo” en memoria del soldado que prestaba servicio en la Quinta Residencial de Olivos y se suicidó luego de ser víctima de una extorsión telefónica realizada desde el interior del penal de Magdalena.
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Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense busca prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de evitar extorsiones, estafas y otros delitos que se organizan desde los penales. La iniciativa cuenta con el respaldo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
El proyecto fue impulsado por el diputado provincial de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, quien lo denominó “Ley Rodrigo” en memoria del soldado Rodrigo Gómez. El joven, que prestaba servicio en la Quinta Residencial de Olivos, se suicidó luego de ser víctima de una extorsión telefónica realizada desde el interior del penal de Magdalena con la colaboración de familiares de detenidos.
Qué propone la iniciativa
La propuesta plantea dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” (Resolución 47688/20), implementado durante la pandemia, y modificar el inciso 5 del artículo 9 de la Ley 12.256.
De aprobarse, los internos solo podrán comunicarse mediante teléfonos fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), con un tiempo máximo de dos horas diarias por persona.
El proyecto también establece que los dispositivos no podrán quedar en poder de los detenidos ni estar disponibles de manera permanente.
Entre los principales mecanismos de control previstos, la iniciativa dispone que cada unidad penitenciaria instale sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores donde se alojan los internos.
Además, contempla la realización de requisas diarias para detectar dispositivos ilegales dentro de los pabellones.
“Las cárceles parecen un call center del delito”, afirmó Liberman en declaraciones radiales. “Trabajamos para que se prohíba el uso de celulares y todo tipo de comunicaciones por red. La idea es aplicar inhibidores de señal y requisas para que no se pueda violar la norma”, agregó.
El legislador sostuvo que el objetivo es terminar con el uso ilegal de teléfonos dentro de los penales y planteó que la iniciativa busca evitar discusiones ideológicas: “Es básicamente decidir si estamos de acuerdo con que esto siga así o si queremos que se termine”.
Según explicó Liberman, el proyecto fue elaborado con el asesoramiento de especialistas, entre ellos equipos jurídicos vinculados a la jueza Sandra Arroyo Salgado y el camarista penal Carlos Pagliere (hijo), además de exfuncionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación.
En los fundamentos de la iniciativa, el legislador cita el artículo 19 de la Constitución de la Nación Argentina, que establece que las cárceles deben ser “sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos”.
En ese sentido, remarcó que el Estado tiene la obligación de evitar que el encierro se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo, garantizando al mismo tiempo el derecho a la comunicación de los internos mediante canales controlados.
El proyecto establece que, una vez promulgada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense tendrá 10 días hábiles para notificar a los internos. A partir de ese momento, los detenidos contarán con 24 horas para entregar voluntariamente los teléfonos celulares, incluso aquellos no declarados, con el objetivo de realizar un inventario.
Cumplido ese plazo, se realizarán requisas en celdas y espacios comunes para secuestrar los dispositivos que permanezcan en los penales y aplicar las sanciones correspondientes.
La iniciativa ahora deberá iniciar su recorrido legislativo en la Legislatura bonaerense, donde el autor del proyecto buscará sumar apoyos de distintos bloques para su aprobación.
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