Régimen Penal Juvenil: cómo se organiza la nueva defensa especializada para adolescentes y víctimas
La Defensoría General de la Nación puso en funcionamiento dos unidades para intervenir en las distintas etapas de los procesos y creó además un área específica para asistir a las víctimas.
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Con la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, la Defensoría General de la Nación puso en marcha una nueva estructura destinada a garantizar la defensa especializada de adolescentes y la asistencia jurídica a las víctimas.
La normativa comenzó a regir el 5 de septiembre y establece un régimen aplicable a personas adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18. También contempla que los procesos penales juveniles, el control de medidas y la ejecución de sanciones estén a cargo de operadores judiciales con capacitación especializada.
En ese marco, la Defensoría General creó la Unidad de Implementación del Régimen Penal Juvenil (UIRPJ), encargada de coordinar la adecuación del Ministerio Público de la Defensa al nuevo sistema. Entre sus tareas se encuentran la planificación de la implementación, la identificación de necesidades de recursos, la elaboración de protocolos y lineamientos de actuación y la capacitación de los equipos que intervienen en esta materia.
Dos unidades para la defensa de adolescentes
Una de las principales medidas adoptadas fue la puesta en funcionamiento, mediante la Resolución DGN N.º 1010/2026, de las Unidades de Defensa Penal Juvenil N.º 1 y N.º 2.
Ambas tienen funciones diferenciadas para acompañar las distintas etapas de los procesos que involucren a adolescentes de 14 y 15 años en el ámbito de la Justicia Nacional.
La Unidad N.º 1, coordinada por la Dra. Silvina Vanesa Santamaría, interviene desde el comienzo de la investigación o el primer acto de naturaleza penal hasta la llegada de la causa al tribunal oral.
A partir de esa instancia interviene la Unidad N.º 2, coordinada por el Dr. Marcelo Carlos Helfrich, que tiene a su cargo las etapas de juicio, impugnación, ejecución y seguimiento de las medidas o sanciones que eventualmente se dispongan.
La resolución también establece mecanismos de articulación con las Defensorías Públicas Oficiales, las Defensorías Públicas de Menores e Incapaces y otras dependencias que intervienen en materia penal juvenil.
También habrá asistencia especializada para las víctimas
El nuevo esquema contempla además la atención de quienes resulten víctimas de delitos comprendidos en el Régimen Penal Juvenil.
A través de la Resolución DGN N.º 1011/2026 se creó la Unidad de Defensa Pública de Víctimas del Régimen Penal Juvenil, coordinada por la Dra. María Lina Carrera, que funciona en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La dependencia brinda asistencia, representación y patrocinio jurídico y tiene entre sus funciones garantizar la participación de las víctimas durante el proceso, promover medidas de protección, intervenir en mecanismos de mediación cuando corresponda y facilitar el acceso a herramientas de reparación integral.
Una estructura creada con la entrada en vigencia del nuevo régimen
La Defensoría también dispuso, mediante la Resolución DGN N.º 1012/2026, que la Unidad de Defensa Penal Juvenil N.º 1 concentre las cuestiones de competencia que puedan surgir entre la Justicia Nacional de Menores y la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la aplicación de la nueva ley.
La reorganización se produce luego de que el Gobierno nacional reglamentara la Ley 27.801 mediante el Decreto 875/2026, publicado el 7 de septiembre, que estableció al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación del régimen en el ámbito nacional y federal. La reglamentación también contempla mecanismos de atención integral y patrocinio jurídico gratuito para las víctimas.
De esta manera, a pocos días de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, la Defensoría General de la Nación puso en funcionamiento una estructura específica para intervenir en las causas que involucren a adolescentes y para garantizar asistencia jurídica a las víctimas, con equipos diferenciados según la etapa del proceso.
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