Ritondo impulsó un amparo del PRO para frenar la designación de las autoridades de la AGN
El jefe del bloque del PRO en Diputados denunció que el procedimiento fue “abiertamente inconstitucional” y pidió una cautelar para impedir que los auditores asuman. El planteo se da en medio de la escalada de tensión con La Libertad Avanza.
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El PRO presentó un amparo judicial para frenar la designación de las nuevas autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN), al considerar que el procedimiento utilizado por la Cámara de Diputados violó la Constitución Nacional. La iniciativa fue impulsada por Cristian Ritondo, jefe del bloque del partido que lidera Mauricio Macri, quien advirtió sobre una maniobra “irregular” que afecta el funcionamiento republicano de las instituciones.
El planteo judicial se da luego de que, durante una sesión en la madrugada del jueves, Diputados aprobara una terna de auditores con 186 votos a favor y dos abstenciones, integrada por Rita Mónica Almada (La Libertad Avanza), Juan Ignacio Forlón (referenciado en el peronismo y cercano a Máximo Kirchner) y Pamela Calletti (Innovación Federal).
Desde el PRO sostienen que la votación se realizó fuera del marco legal correspondiente y sin respetar los procedimientos parlamentarios básicos, en un contexto de creciente tensión política entre el macrismo y el oficialismo libertario.
Las claves del amparo impulsado por Ritondo
En el escrito presentado ante la Justicia, Ritondo advirtió que las designaciones de los miembros de la AGN se realizaron “en un procedimiento que fue abiertamente inconstitucional”, ya que el tema no formaba parte del temario habilitado para las sesiones extraordinarias.
“El decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este asunto, lo que configura una violación directa del artículo 63 de la Constitución Nacional”, explicó el diputado bonaerense, uno de los principales referentes del PRO en la Cámara baja.
Además, cuestionó duramente las condiciones en las que se llevó adelante la votación: “Se realizó cerca de las tres de la mañana, sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales”, lo que —según sostuvo— “convierte al acto en nulo de nulidad absoluta”.
Ritondo subrayó que lo ocurrido no es un hecho menor, ya que afecta directamente al sistema de control del Estado. “La Auditoría General de la Nación no es un órgano administrativo interno: es un órgano constitucional clave para controlar cómo se utilizan los recursos públicos”, afirmó en la presentación judicial.
En ese sentido, sostuvo que el procedimiento adoptado “quebró el equilibrio institucional” y vulneró los derechos políticos de los diputados, al avanzar sobre una competencia que, durante las sesiones extraordinarias, es exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional.
Qué le pidió el PRO a la Justicia
En la resolución, el PRO solicitó que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución que designó a los auditores, que se dicte una medida cautelar urgente para impedir que asuman o ejerzan funciones en la AGN, y que se restituya el estado institucional previo al acto cuestionado hasta que haya una sentencia definitiva.
“No se trata de una discusión política ni de nombres propios, sino de defender la Constitución, la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones”, remarcó Ritondo, quien volvió a posicionarse como una de las voces más críticas del accionar del oficialismo en el Congreso.
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